El Congreso de los Diputados ha solicitado al Gobierno que asimile la situación de las indemnizaciones que reciben las familias de los cooperantes españoles a las de los militares desplazados en el extranjero, haciendo hincapié en el "deber de cuidado" que tiene el Estado con estas personas.

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha aprobado este martes, con los votos en contra de Vox, una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario socialista para la ampliación de la cobertura de riesgos a cooperantes que resulten víctimas en conflictos bélicos.

Desde 1990 han sido asesinados 14 cooperantes españoles, la más reciente María Hernández, que colaboraba con Médicos Sin Fronteras y fue asesinada en junio en Etiopía.

"Es urgente resolver esta laguna de la legislación española y que los cooperantes tengan también el cuidado del Estado independientemente de lo que hagan las organizaciones humanitarias", ha expuesto la portavoz socialista en la comisión, María Guijarro.

El PP ha pedido que este "deber de cuidado" no se limite solo a los cooperantes, sino que se extienda también a periodistas que ejercen su profesión en zonas de conflicto; han apoyado la propuesta a pesar de advertir que la proposición "no es el instrumento más adecuado" y confían en que se haga correctamente a través de otra norma.

Vox se ha mostrado contrario a la iniciativa y ha argumentado que "el Estado no tiene que ser subsidiario de los que asumen riesgos bajo su responsabilidad", a la vez que han explicado que consideran "un error" equiparar cooperantes con militares.

Precisamente el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real ha sido el encargado de presentar una propuesta para crear un registro y un carnet de cooperantes y voluntarios españoles.

"El Gobierno no puede proteger a los cooperantes que tiene en el exterior si no sabe cuántos tiene", ha dicho Sánchez del Real, cuya iniciativa ha sido rechazada porque el resto de grupos han considerado que el carnet pretende hacer "una distinción entre malos y buenos cooperantes" y han acusado a Vox de "criminalizar a algunas ONG al calificarlas de mafias".

La comisión ha aprobado también, a propuesta del grupo socialista, solicitar al Gobierno la elaboración de protocolos y códigos de actuación para hacer frente a cualquier forma de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito de la cooperación española.

El PP ha apuntado que no están de acuerdo con la denominación de la política de España en el exterior como una política feminista, ya que lo consideran "reduccionista".

Durante sus intervenciones, la gran mayoría de los grupos que forman parte de la comisión han solicitado al Ejecutivo que se apruebe cuanto antes la Ley de Cooperación, ya que creen es la manera más adecuada de llevar a cabo las proposiciones aprobadas.