La Justicia no da votos ni los quita y cuando se habla de ella, en muchas ocasiones, es por cuestiones políticas, algo que no gusta nada ni a jueces ni a fiscales. Ni al resto de operadores jurídicos. Se habla mucho de la renovación del CGPJ cuando llega el momento, pero no se habla de los problemas con los que tienen que “luchar” todos los días los actores de la Justicia, ni de lo que le afecta al ciudadano. Tampoco de cómo mejorarla para que los casos no sean eternos.

Son varios los factores. Para empezar, “en España tenemos un exceso de litigiosidad, no hay cultura de acuerdos extrajudiciales, no hay cultura de resolver problemas a través de la mediación, conciliación o arbitraje”, cuenta a COPE Natalia Velilla, magistrada de lo Social durante años y ahora en un juzgado de familia, y miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria. Eso nos convierte, dice, en uno de los países de la Unión Europea con más pleitos. A lo que hay que añadir la escasez de medios personales y materiales. Faltan jueces y fiscales, estamos por debajo del nivel de la UE, y es necesaria una mejor distribución de los medios.

De la misma opinión es María Jesús López Chacón, Juez de Violencia contra la Mujer en Madrid, y de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que manifiesta el abandono de las administraciones competentes. Considera que es necesaria una verdadera reforma porque la Justicia no se ajusta hoy a las circunstancias por las modificaciones de la población española. Y la carga de trabajo por juez es excesiva. Las dos magistradas se refieren a un esquema anticuado que no ha evolucionado, juzgados con un juez, un letrado de la administración de Justicia y ocho o nueve funcionarios.

Esta estructura es muy cara en algunos casos, considera Natalia Velilla, colapsa muchos juzgados, y con otro reparto mejoraría el resultado. Además, nuestro garantista Estado de Derecho permite la presentación de varios recursos y eso ralentiza las resoluciones, en especial en la jurisdicción penal. Como también lo hacen las pruebas periciales, como pueden ser las toxicológicas, balísticas o de ADN, que dependen de otros Ministerios.

Para Esther Moreno, fiscal de Área de Marbella, y de la Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, “el aumento de plantilla y la creación de nuevos órganos es esencial para que la temporalidad se reduzca”. Considera necesario un estudio que fije la carga de trabajo de cada fiscal. También aboga por sedes judiciales dignas, “muchas están obsoletas y no son prácticas”, dice. En esto también coinciden las magistradas que se refieren, también, a la cantidad de edificios judiciales de alquiler distribuidos por las ciudades.

Un fuerte coste económico, poco eficaz y que hacen más lento el proceso. Cuenta Esther Moreno que un día llegó a declarar una persona con movilidad reducida a un juzgado de Marbella y la silla de ruedas no cabía en el ascensor. Tuvieron que improvisar el juzgado de guardia en el despacho del forense, que estaba en la planta baja. “Da una idea de cómo están algunas instalaciones”, dice esta fiscal de Marbella.

Lo que necesita la Justicia es una verdadera inversión económica con los medios adecuados para las necesidades actuales. Una inversión económica con cabeza, señalan las tres. Los resultados se verán a medio y largo plazo.