La huelga del metal en Cádiz ha tensionado al Gobierno de coalición y las diferencias sólo pueden ir a más de alargarse el conflicto en el tiempo. Ione Belarra e Irene Montero se lo han dejado caer este mismo martes en una conversación informal a Fernando Grande-Marlaska en el Palacio de La Moncloa. Antes de que sus caminos volvieran a desviarse, las ministras de Podemos han querido trasladar al responsable del Interior su “preocupación” por la sucesión de acontecimientos en las calles de la ciudad con disturbios y cargas policiales.

Las titulares de Derechos Sociales y de Igualdad han aprovechado para pedir de forma expresa y “por una cuestión de humanidad” la retirada de la circulación de la tanqueta antidisturbios cuyo uso viene siendo rechazado por la órbita morada. La misma Yolanda Díaz se ha encargado de difundir y luego de ratificar su protesta ante Pedro Sánchez y el propio Grande-Marlaska por la presencia “inconcebible” de ese vehículo blindado para hacer frente a los piquetes. “Estamos hablando de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes sino que están legítimamente defendiendo sus derechos”, ha insistido la vicepresidenta.

Tal empeño del ala morada ha encendido algunos ánimos de la órbita socialista. “No vamos a permitir – han subrayado – que cuestionen la empatía con los trabajadores que es del Ejecutivo en su conjunto”. Ante la ira sectorial, desde La Moncloa defienden la voluntad de compatibilizar la libertad de los manifestantes con la seguridad ciudadana. Junto a ello, abanderan el diálogo como método para resolver los conflictos. Hasta ahí alcanza la concertación entre los socios. Así lo han escenificado Isabel Rodríguez y la misma Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno se ha quedado sola en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Siempre respetamos su trabajo entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria – ha sostenido la dirigente socialista- para garantizar el derecho de manifestación pero, al tiempo, garantizar el orden público”. Ha sido el pretendido respaldo de Rodríguez al propio Grande-Marlaska, pero la pregunta también iba dirigida a Montero que, esquiva, ha eludido pronunciarse. Se ve más claro en Yolanda Díaz que demuestra el afán por escribir su relato al margen del PSOE y el siguiente paso de la también ministra de Trabajo sería atender una reunión solicitada por el alcalde de Cádiz, José María González, el “Kichi”.