El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho de la ONG Ecologistas en Acción a acceder a los beneficios de justicia gratuita al acreditar que su finalidad es la protección del medio ambiente y ejerce de manera activa actividades para alcanzar dicho objetivo.

En un auto, la sección quinta de la sala contenciosa administrativa del TSJC ha dado la razón a la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, a la que la Comisión de asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona, que depende del Departamento de Justicia, le había denegado dicho servicio en junio de 2020.

El caso se remonta a 2019, cuando la organización solicitó a Aigües de Barcelona (Agbar) información ambiental relacionada con los cargos directivos de la compañía, lo que motivó que la empresa demandara a la entidad, que solicitó entonces el beneficio de justicia gratuita.

No obstante, la Comisión de Justicia Gratuita de Barcelona, en virtud de un informe negativo emitido por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, denegó el mencionado beneficio porque la ONG no constaba inscrita en el registro de asociaciones de utilidad pública de la consellería ni en el listado administrativo correspondiente.

Sin embargo, para el TSJC, la legislación vigente reconoce el acceso a la justicia gratuita a cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que "tenga entre sus fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular".

También, que se haya constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que lleve a cabo de "manera activa" las "actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos".

Finalmente, argumenta la sala, para poder acceder a la justicia gratuita las ONG deben ejercer su actividad "en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación o, si procede, omisión administrativa".

Tras conocer la resolución judicial, Ecologistas en Acción ha celebrado el fallo, que considera "un paso atrás de la política limitativa de derechos del Govern", así como "un paso adelante que beneficia a todas las entidades ambientales catalanas que no tengan suficientes recursos económicos para poder defender el territorio y el medio ambiente en instancias judiciales". EFE

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