La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acordó de forma unánime mantener la inhabilitación a Quim Torra, al no acceder a la pretensión de la defensa del president de la Generalitat, -respaldada por la Fiscalía-, para que quede en suspenso la ejecutividad de la la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que retiró al mandatario catalán su credencial de diputado en el Parlament. Aún queda pendiente la resolución sobre el fondo. El asunto ha suscitado un intenso debate entre los cinco magistrados a los que correspondía estudiar la medida cautelar, quienes finalmente señalaron en su resolución que no ven asumible la pretensión de Torra, que pidió suspender la decisión de la JEC por considerar que este órgano electoral, de carácter administrativo, carece de competencia para inhabilitarle.

En la misma línea, la JEC ha requerido este jueves al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, a que "de forma inmediata" dé cumplimiento a su acuerdo del pasado 3 de enero y despoje al presidente catalán, Quim Torra, de su condición de diputado por haber desobedecido al órgano electoral. Además, la JEC insta a Torrent a remitirle la documentación que "certifique" la pérdida de la "condición de diputado" de Torra, en un acuerdo adoptado tras considerar que su decisión de enero tiene carácter "plenamente ejecutivo" puesto que la suspensión que había solicitado el propio Torrent "ha sido denegada por el órgano jurisdiccional competente", es decir, el Tribunal Supremo. Además, cuando un diputado pierde su acta, debe ser ocupada por el sigueinte de la lista. "Caso de no recibir ninguna respuesta, la emitiremos de oficio, de acuerdo con la lista presentada por la formación política de JxCat en las elecciones del 21 de diciembre del 2017”, advierte ahora la Junta.

Resta por conocer qué ocurrirá próximamente con Torra, que no asume la inhabilitación, y si el Parlament volverá a demostrar su desacato a la legalidad. Asimismo, se exige al órgano catalán que revele quién será el sustituto de Quim Torra. Mientras tanto, Sánchez sigue haciendo oídos sordos y mantiene sus reuniones con el presidente inhabilitado. Y es que, a raíz de la resolución del Supremo, fuentes del Gobierno han explicado que los gabinetes de ambos presidentes siguen trabajando en la organización de ese encuentro que se celebrará en Barcelona. Las fuentes han señalado que ahora corresponde al Parlamento de Cataluña tomar las decisiones oportunas, tal y como en su momento determinó la Junta Electoral.

Posición de la Junta Electoral de Barcelona

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha dado 48 horas al secretario general del Parlament para que comunique qué representante de JxCat sustituirá al president Quim Torra en la cámara tras su suspensión y ha acordado otorgar el acta de diputado del expresidente Carles Puigdemont a Ferran Mascarell. El árbitro electoral así lo ha decidido en una resolución después de que el Tribunal Supremo haya rechazado suspender cautelarmente la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar a Torra el acta de diputado autonómico. En su escrito, la JEP rectifica la decisión que tomó el pasado 10 de enero cuando concedió a Mascarell el acta de diputado de Puigdemont.

El órgano electoral provincial -que acuerda trasladar dichas decisiones a PP, Cs y Vox, que pidieron la inhabilitación de Torra- certifica finalmente que ha recibido el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo con el que se ha desestimado la petición del president para paralizar su suspensión tras la condena por desobediencia.

Después de conocer el fallo, la JEC ha requerido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "de forma inmediata" dé cumplimiento a su acuerdo y despoje a Torra de su condición de diputado.

La JEC ha instado también a Torrent a remitirle la documentación que "certifique" la pérdida de la "condición de diputado" de Torra en un acuerdo adoptado tras considerar que su decisión de enero tiene carácter "plenamente ejecutivo" puesto que la suspensión cautelar que había solicitado "ha sido denegada por el órgano jurisdiccional competente", es decir, el Tribunal Supremo.