Todos los presos internos en las cárceles dependientes de la administración central podrán comunicarse con sus abogados por videoconferencia, según el convenio suscrito esta tarde por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española.

El objetivo, según ha informado este jueves Prisiones, es "favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas".

De este modo, un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la administración central.

La administración penitenciaria se compromete a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la ley y con las debidas garantías de confidencialidad, subraya el comunicado.

Mientras, el Consejo General de la Abogacía se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados.

El convenio prevé además que ambas partes desarrollen un protocolo de uso del sistema para que quede garantizado el carácter complementario y no sustitutivo de las entrevistas presenciales entre letrados y presos, que "seguirán siendo la base fundamental de su defensa".

Han intervenido en la firma del acuerdo la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Para Ortiz, el convenio supone un paso más en la mejora del derecho de defensa de los reclusosen un doble sentido: "por un lado, la agilidad en el acceso de los internos a sus defensores y, por otro, las facilidades en el desempeño de la labor de los letrados".

Victoria Ortega ha subrayado, por su parte, que con la extensión de esta opción a todas las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias se conseguirá "ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes".

Todo ello, ha dicho, "sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos".

El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019 tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica de los reclusos en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Málaga II (Archidona).

Tras el éxito de esa experiencia, el año pasado el sistema se extendió a los centros penitenciarios Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). EFE