La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este lunes el juicio por presunta corrupción a dos traductores contratados por la Policía Nacional y a un empresario en el que iba a declarar el excomisario José Villarejo, después de que uno de los procesados haya renunciado a su abogado en el último momento.

Así lo han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que detallan que ahora hay que dar traslado de las actuaciones al nuevo letrado y el juicio no se celebrará antes del próximo año.

Estaba previsto que a lo largo de la semana acudieran a declarar en este juicio, como testigos, el excomisario José Villarejo, en prisión preventiva desde 2017, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín-Blas, y el comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP.

Los tres agentes están vinculados a la denominada "policía política" o "policía patriótica" en la etapa del ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Más allá de este procedimiento donde comparecerán como testigos, los tres figuran como imputados en el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, que forma parte del caso Tándem, donde el principal investigado es Villarejo.

En el juicio suspendido este lunes en la Audiencia Provincial la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión para los traductores de Ali Shan e Ijaz Ahmad por los delitos continuados de revelación de secretos y extorsión, además de una inhabilitación para ser intérpretes durante otros ocho años.

Para el empresario Harischandra Taranchad Varma, acusado por los delitos revelación de secretos y cohecho, pide ochos años y seis meses de cárcel, además de una multa por simulación de delito.

Relata el fiscal que en 2014 los dos traductores procesados reclamaron 10.000 euros al empresario, advirtiéndole de que si no se realizaba el pago podrían influir en su contra en la investigación judicial que tenía abierta. Luego el empresario aceptó su oferta de información a cambio de dinero.

Los dos intérpretes estaban contratados por la Dirección General de la Policía a través de la empresa Seprotec para traducir conversaciones incautadas en una investigación del Juzgado de Instrucción 5 de Fuenlabrada (Madrid) sobre el empresario, iniciada en 2013.