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El Supremo envía al Congreso el suplicatorio contra Borrás

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la comunicación mediante la que se eleva el suplicatorio para continuar la causa contra la diputada de JxCAT Laura Borrás, por supuestas adjudicaciones irregulares. ,Se trata de una cuestión preceptiva después de que el pasado viernes el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, remitiera un oficio a Lesmes, para que traslade el suplicatorio a

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 15:02

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la comunicación mediante la que se eleva el suplicatorio para continuar la causa contra la diputada de JxCAT Laura Borrás, por supuestas adjudicaciones irregulares.

Se trata de una cuestión preceptiva después de que el pasado viernes el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, remitiera un oficio a Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la Cámara Baja "al objeto de que se le dé el trámite que corresponda en esa Cámara", según informan fuentes jurídicas.

El alto tribunal dio este paso después de que Borràs rechazase declarar de forma voluntaria como investigada por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación y falsedad documental.

Por eso se solicita el suplicatorio, para continuar con la causa contra Borrás, en la que se investiga la adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Junto a la comunicación, se adjunta la exposición razonada del magistrado instructor, Eduardo de Porres, en la que recoge "sólidos indicios" de que Borràs adjudicó "directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un amigo suyo también investigado, entre 2013 y 2017, cuando dirigía la ILC.

En todos los expedientes, añade, "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio", conformó la factura y autorizó el pago.

Se adjudicaron "un total de 18 contratos menores" por 259.863 euros, indica la exposición, que apunta a que ambos "actuaron de común acuerdo para defraudar" a la ILC mediante el "fraccionamiento ilegal" de contratos, la "falsificación de los presupuestos" y la simulación de la participación de terceros. EFE

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