La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Canario de Salud (a través de la Oficina de Uso Racional del Medicamento) y en el marco de la operación HIGEA TF, ha desarticulado una organización delictiva que en los últimos años habría estafado más de 2 millones de euros al Servicio Canario de Salud.

Se ha detenido a 7 personas, entre ellos 3 médicos, 1 farmacéutico y 2

empresarios de la isla de Tenerife por los supuestos delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La operación se inició una vez que el Servicio Canario de Salud detectara que desde el año 2014 una farmacia situada en el casco urbano de Santa Cruz de Tenerife venía dispensando un grupo de fármacos de alto coste y que en su mayoría eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su profesión en un principio en el Centro de Salud de la localidad de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.

La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extremadamente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto.

Ante tal situación, agentes de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Oficina de Uso Racional del Medicamento, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

En primer lugar se centraron en analizar las recetas electrónicas usadas para la dispensación de los fármacos que les permitió localizar al núcleo principal de la red, formado por un médico de familia, un farmacéutico y un empresario.

El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención que ni siquiera pertenecían a su cupo de pacientes y que, por tanto, ignoraban la actividad delictiva y además, en la mayoría de los casos, las recetas prescritas nada tenían que ver con las dolencias que presentaban los mismos.

Asimismo, comprobaron que las recetas electrónicas eran dispensadas en una única farmacia de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto muy alejada del Centro de Salud  donde trabajaba el citado médico, lo que indicaba que necesariamente debía de existir un acuerdo delictivo entre médico y farmacia.

Modus operandi

El modus operandi consistía en que el médico utilizaba un conjunto de pacientes que localizaba en la base de datos del Servicio Canario de Salud (a la que tenía acceso como médico de familia) y, simulando haber mantenido una consulta en el sistema informático, generaba un Plan de tratamiento médico electrónico, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos en cada receta electrónica.

El beneficio del farmacéutico radicaba en que, aunque facturaba el fármaco al Servicio Canario de Salud, el medicamento no era realmente despachado y podía venderlo en numerosas ocasiones, puesto que la caja siempre permanecía en el almacén de la farmacia, obteniendo la consecuente subvención a la que estuviese acogido.