La Audiencia de Almería acoge desde este lunes el juicio contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, para la que la Fiscalía reclama prisión permanente revisable por asesinato, así como diez años más de cárcel por lesiones psíquicas a los padres del menor.

El juicio tendrá ocho sesiones que se celebrarán entre el 9 y el 18 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, donde un jurado popular deberá decidir sobre el caso, cuyo veredicto será plasmado en la sentencia que redacte la magistrada Alejandra Dodero.

La participación de un jurado popular en este tipo de juicios es oportuna porque no son necesarios poseer profundos conocimientos jurídicos. Pero, ¿Cómo se eligen a los miembros de un jurado popular?

En nuestro país, la composición de los nueve miembros y de los dos suplentes se establece por sorteo entre los vecinos de una misma localidad, dentro de la provincia donde se ha ejecutado el delito. Según la Ley del Tribunal del Jurado, que se estableció en el año 1995. Tienen que ser Españoles, mayores de edad y de deben saber escribir, leer, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida desarrollar sus funciones. 

Las personas de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra terceros, los cometidos por funcionarios de la administración pública en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y la libertad y seguridad. Están excluidos de los delitos cuyo enjuicimiento se atribuya a la Audiencia Nacional. 

Hay varios impedimentos para poder formar parte: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar bajo suspensión de cargo público. Tampoco pueden pertenecer a un jurado los diputados y senadores, la Familia Real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan algún tipo de relación en la causa. 

Así funcionan estos jurados

A la hora de formar un jurado por un caso como este, el magistrado realiza una entrevista de forma individual a 36 personas de la lista procedente del censo electoral. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas elegidas es poder compaginar la vida laboral y familiar con el juicio. Con base a esta cuestión existe un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer su situación personal para no participar en el procedimiento. 

Una vez que una persona ha sido elegida de forma definitiva, existe el derecho a poder ausentarse del puesto de trabajo de forma justificada y la Ley señala una retribución diaria por cada jornada del juicio de 67 euros. Además de una serie de indemnizaciones por gastos de transporte en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de que sean necesarios.