Todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, además de el colectivo de víctimas Covite, han reclamado hoy al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no se retire el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley vasca de abusos policiales.

Según han avanzado fuentes del Gobierno vasco, el Ejecutivo central tiene previsto aprobar la retirada del recurso tras acordarlo en la comisión técnica bilateral entre ambas administraciones.

El Gobierno del PP recurrió tanto esa norma como otra ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, cuyo grueso ha anulado el Constitucional al estimar que invade competencias del Poder Judicial.

En su escrito dirigido a Interior, los colectivos firmantes advierten de que, si finalmente retira el recurso, el Gobierno estará tomando una decisión a sabiendas de "su injusticia" y de "su inmoralidad".

A su juicio, se trata de una decisión "inaceptable", pues, al resultar posiblemente afectados "principios constitucionales de la mayor relevancia y derechos fundamentales de los ciudadanos", no puede tomarse como resultado de una negociación política.

Los autores del escrito sostienen que tanto la ley navarra como la vasca colaboran en la elaboración de un "relato del conflicto", construido "al gusto y en nombre de una convivencia que no está amenazada y que sólo lo estuvo durante décadas por los que ejercieron la violencia de manera organizada, sistemática e indiscriminada para forzar al Estado a aceptar sus exigencias".

Es decir, una "memoria alternativa" para "blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo".

Los colectivos firmantes advierten de que, "frente a dicha indignidad" y ante la inacción de las instituciones, actuarán con todos los medios legales a su alcance.