El abogado Curro Nicolau ha presentado este jueves un recurso en la Audiencia Nacional contra el acuerdo alcanzado el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre las medidas a adoptar por las comunidades autónomas para frenar el contagio del coronavirus y que permitirá confinar Madrid, entre otros municipios, por considerar que vulnera derechos fundamentales.

Nicolau ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que adopte una medida cautelarísima para suspender la vigencia del acuerdo del CISNS y de la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad para dar publicidad al mismo o que al menos reconozca una "situación jurídica individualizada" para que el abogado pueda ejercer libremente tales derechos.

El recurrente considera que el acuerdo y la resolución mencionados lesionan los derechos a la libre circulación y a la reunión y argumenta que, conforme a la Constitución, la suspensión o limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante la declaración de un estado de excepción o de sitio, no a través de "un mero acuerdo de una conferencia sectorial, como es el CISNS".

En la misma línea, esgrime que la Constitución establece "una clara reserva de ley orgánica para regular el ejercicio de derechos fundamentales" y que "no existe ninguna norma habilitante que faculte al CISNS y al Ministerio de Sanidad para la regulación y la restricción del ejercicio de derechos fundamentales".

Nicolau también argumenta que el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del CISNS establece que los acuerdos deben alcanzarse por "consenso", algo que dice que no se produjo por la oposición de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, y que en todo caso serán "recomendaciones", por lo que interpreta que no son de obligado cumplimiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un principio se mostró contraria a acatar dicho acuerdo, ha asegurado este jueves que su Gobierno "no está en rebeldía", por lo que cumplirá "todas las ordenes" dictadas por el Ministerio de Sanidad, si bien ha anticipado que acudirá a los tribunales para impugnarlas.