El Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado este lunes la orden del Gobierno israelí que permite a los colonos establecer una presencia "permanente" en el asentamiento de Homesh después del traslado durante la madrugada de este lunes de una escuela religiosa a la zona.

"Estamos profundamente preocupados por la reciente orden del Gobierno israelí que permite a sus ciudadanos establecer una presencia permanente en el puesto avanzado de Homesh en el norte de Cisjordania", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

En este sentido, ha recordado que la expansión de los asentamientos "socava la viabilidad geográfica" de la solución de los dos Estados. "Esto es consistente con los puntos de vista de las administraciones anteriores, tanto las demócratas como las republicanas", ha agregado.

El portavoz del Departamento de Estado ha afirmado además que la reciente decisión del Gobierno israelí socava el "compromiso" firmado entre el ex primer ministro Ariel Sharón y la Administración Bush en 2004, así como los "compromisos" del actual Ejecutivo con la Administración Biden, ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El traslado de la 'yeshiva' ha tenido lugar con la aprobación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, a pesar de la oposición de la oficina de la Fiscalía para Cisjordania, que sostiene que la medida es ilegal.

Homesh fue levantado en tierras privadas palestinas y fue evacuado en un inicio junto a otros tres asentamientos cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005 tras aprobarse una ley que impedía la entrada al lugar de israelíes sin un permiso especial, lo que no ha evitado que colonos se hayan asentado en la zona.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el Derecho Internacional, si bien las autoridades de Israel diferencian entre aquellos a los que han concedido permiso y aquellos a los que no. De hecho, el Gobierno israelí aprobó en febrero la legalización de nueve asentamientos y ha avanzado planes para construir más de 7.000 nuevas unidades de vivienda.