Ninguno de los seis expertos que han comparecido en el Congreso para analizar la reforma de la ley del indulto ha avalado la pretensión de los principales grupos parlamentarios de restringir los delitos susceptibles de ser indultados por el Gobierno.

Fue el PSOE quien registró en 2016 una proposición para reformar la ley, que data de 1870, y propuso prohibir los indultos en los casos de corrupción y violencia de género, iniciativa que enmendó el PP para ampliar el catálogo de delitos excluidos a la rebelión y la sedición, por los que están procesados los principales dirigentes independentistas catalanes.

La reforma quedó paralizada durante meses y los socialistas plantearon citar a juristas y expertos antes de redactar el informe de la ponencia, unas comparecencias a las que se opusieron los populares al considerar que sólo buscaban retrasar la tramitación de la ley y que han tenido lugar entre ayer y hoy.

Todos los expertos que han acudido a la Cámara -a propuesta del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PdeCAT y PNV- han rechazado fijar un elenco de delitos que no pueden ser indultados y fuentes socialistas han admitido que están abiertos a retocar su propuesta, aunque auguran que, ante el inicio del juicio del "procés", el PP insistirá en prohibir los indultos para los casos de rebelión y sedición.

Los expertos han coincidido además en la necesidad de recuperar la exigencia de motivación de los indultos, para incrementar la transparencia y limitar la arbitrariedad del Gobierno.

A propuesta del PSOE, hoy jueves ha comparecido en la Comisión José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, quien no ve oportuno limitar el ejercicio del indulto "por naturaleza del delito" y ha insistido en que esta medida de gracia es una potestad pública del Estado una vez que el sistema judicial ha agotado todo lo que permite el Código Penal.

Sobre la posibilidad de excluir los delitos de corrupción por la alarma social que crean, ha recordado que la "pulsión social", si es que hay un "termómetro que la mida", cambia con los años e incluso durante el periodo que puede durar un proceso judicial.

En nombre de la Fundación Civio, que lleva años analizando la concesión de indultos, Eva Belmonte ha subrayado la necesidad de "poner coto a un poder absoluto que no encaja en una democracia moderna" y de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Belmonte, que ha acudido a la Cámara a propuesta de Podemos, ha pedido mirar a largo plazo y no hacer una lista de "delitos no indultables" y, frente a la opinión de los juristas que han comparecido, ha defendido que el informe del tribunal sea vinculante para el Gobierno a la hora de conceder el indulto.

Según sus cifras, sólo en el 15 % de los casos el juez está en contra del indulto.

Las comparecencias de Belmonte y González Cussac se han unido hoy a la del catedrático de Procesal Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigemont, y a las tres celebradas ayer: la del magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Constitucional Pablo Lucas Murillo; el abogado del Estado Jesús López-Medel y el catedrático de Derecho Penal Josep María Tamarit.

Ante su coincidencia, el diputado del PP Arturo García Tizón ha destacado que ningún experto ha apuntado que excluir delitos de los indultos sea inconstitucional y ha reprochado al PSOE haber abierto el debate al presentar en su día la reforma y proponer, "con cierta dosis de oportunidad", prohibir la medida de gracia para la corrupción y la violencia de género.

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A su juicio, los socialistas están ahora en la tesitura de retirar su propuesta y decir "me precipité", o retrasar la tramitación de la norma, que es lo que, en opinión de los populares, están haciendo.

"Creo que el grupo proponente tiene un problema; estamos en disposición de hablar y de ver toda la problemática que suscita reformar esta ley vetusta, con toda nuestra mejor voluntad", ha asegurado.