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Las querellas que la Fiscalía pide archivar: inacción, compra de material defectuoso y riesgos laborales

Se ha hecho saber a través de un informe entregado a la Sala de lo Penal y se solicita retirar todas las querellas impuestas contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad

PLENO DEL SENADO

GRAF1628. MADRID, 08/09/2020.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Fernando VillarFERNANDO VILLAR

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 20:30

La Fiscalía, dirigida por Dolores Delgado, ha solicitado al Tribunal Supremo que no se admitan a trámite ninguna de las más de veinte querellas que se han interpuesto contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

Se hizo saber ayer a través de un informe que se entregó a la Sala de lo Penal. Sin embargo, no se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno -incluidos el ministro de sanidad Salvador Illa, o el presidente, Pedro Sánchez- puedan estar incluidos en alguno de estos delitos.

Una decisión ante la que han reaccionado miembros de la Cámara Baja como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que considera que se trata de una decisión correcta, pues las querellas no estaban basadas “en pruebas”.

Por su parte el líder de la oposición, Pablo Casado, ha querido mostrar su desacuerdo porque la Fiscalía se está dedicando “a defender al Gobierno” y tiene intención de registrar en el Congreso una comisión de investigación que pueda analizar la “imprevisión” e “incompetencia” del Ejecutivo de Sánchez.

Estas son algunas de las querellas contra el Gobierno que la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo archivar:

Inacción del Gobierno

Se trata de uno de los delitos que más se ha repetido en todas aquellas querellas presentadas por los denunciantes. Esto hace referencia a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, aún conociendo la gravedad de la situación.

En este sentido, se concluye “que no existen elementos que permitan afirmar que el Gobierno se mostrara poco ágil o poco diligente”, y por ello se hace referencia al decreto del estado de alarma el día 14 de marzo. Asimismo la Fiscalía ha afirmado que, por aquel entonces, aún no había comunidades “cuyo territorio se encontrara ya afectado por el brote de la covid-19”.

Contra las medidas que sí se tomaron

En el lado contrario a lo que se ha denunciado por la inacción de Gobierno, también se han presentado querellas contra las decisiones que el Gobierno sí llegó a tomar. En este punto, han sido diversas asociaciones médicas, colectivos de seguridad e incluso formaciones políticas -además de denunciantes particulares- los que han querido denunciar las decisiones erróneas que pudiera haber tomado el Ejecutivo de Sánchez.

En este caso, la Fiscalía ha respondido a todas esas querellas alegando que no hay pruebas concluyentes ni pruebas de que Gobierno o Ministerio de Sanidad hubieran tenido algún tipo de responsabilidad en los fallecimientos o contagios que se produjeran a causa de estas decisiones o medidas.

Riesgos a los que se han tenido que enfrentar los trabajadores

Fuera de aquellas querellas presentadas por población civil, en este asunto se centran especialmente los colectivos profesionales relacionados con los sanitarios o el sector policial.

La Fiscalía no encuentra ningún delito en este ámbito. Los sectores han alegado en varias ocasiones que carecían de equipos para poder desarrollar su profesión con total seguridad. Sin embargo, la Fiscalía no halla indicios suficientes para aceptar estas querellas, pues cree que no se han identificado víctimas directas de esa presunta carencia.

Denuncias por la compra de material defectuoso

Otro de los asuntos que también se han repetido y que hace referencia especialmente a la compra de test de diagnóstico, que no estaban homologados, y a las mascarillas, que al parecen no protegían suficientemente al personal sanitario que se encontraba en los hospitales luchando en primera línea contra el virus.

La Fiscalía no ha encontrado indicios de delito, así como tampoco encuentra responsabilidades penales contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, contra el que se dirigían muchas de ellas.

Sobre la compra de test defectuosos, el escrito remitido por la Fiscalía dice que se trataría de una conducta constitutiva de delito pero solo aquella referida al ámbito mercantil. Por ello, Illa queda fuera de esta ecuación y no tendría ningún tipo de responsabilidad penal. Por su parte, la respuesta que se ha ofrecido sobre las mascarillas, se defiende que “la defectuosidad de las mismas estaba, en ese momento, fuera de su conocimiento”, y también recuerda que su compra se produjo en un momento de total “escasez”.

Conductas individuales

Ninguna de estas querellas ha salido adelante ni tampoco se han admitido porque se dirigen directamente contra miembros del Gobierno, así como contra Pedro Sánchez, que actualmente cuentan con su condición de aforados.

Sin embargo, la Fiscalía sí cree que se les están atribuyendo responsabilidades criminales sin concretar exactamente contra qué delito.

Por lo tanto, y frente a esta defensa de la Fiscalía de la actuación del Gobierno, también han solicitado al Supremo archivar todas aquellas causas existentes contra las competencias del Estado en cuanto a la Sanidad Exterior y la defensa del estado de alarma, alegando que se decretó en el momento oportuno. Tampoco hay que olvidar la defensa en favor de Fernando Simón y de la manifestación del 8-M, ya que consideran que la pandemia fue “un evento natural” que nada tiene que ver “con la acción humana”, y que no existen infracciones de las normativas de seguridad.

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