Quedan 11 días para que termine el decreto del estado de alarma y prácticamente todas las comunidades reclaman al Gobierno un marco legal, herramientas jurídicas, para la nueva situación a partir del 9 de mayo para que no vuelva a ocurrir como en el verano pasado cuando en algunas comunidades los jueces avalaban las restricciones y en otras las tumbaban.

Todos los presidentes autonómicos, sin distinción de siglas políticas, han hecho saber al Ejecutivo que tiene que dotar a las administraciones de medidas para poder frenar el aumento de casos que se pueden producir si no hay límite a reuniones descontroladas como botellones donde no se guarda distancia de seguridad y quienes participan no llevan puesta mascarilla.

La solución podría pasar por "un estado de alarma a la carta" amparándose en el artículo 4 de la ley orgánica 4/1981 que establece que las medidas excepcionales pueden aplicarse en parte o en todo el territorio nacional. Si se aplica en parte, el presidente autonómico sería el mando único como autoridad delegada.

"El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciseis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

B) crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves"

¿Qué plantean las CC.AA.? ¿Qué pide cada una al Gobierno?

El País Vasco, ahora mismo la comunidad con las peores cifras de contagios, insiste en pedir a Sánchez que prorrogue el estado de alarma, al menos, dos meses más. Esa es la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu que rechaza esa idea de "un estado de alarma a la carta" como ha pedido su vicelehendakari, la socialista Idoia Mendia, para aquellas comunidades con la mayor incidencia.

La Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía y Cantabria piden cambios en la legislación sanitaria o una nueva ley que permita decretar toques de queda o confinamientos. Tal como está ahora la legislación, sin estado de alarma, a partir del 9 de mayo será necesario que un juez lo apruebe. El presidente cántabro Miguel Ángel Revilla insiste en ampliar el plazo puesto que ningún presidente autonómico cuenta con capacidad legal para confinar su territorio.

Contrarios a seguir con el estado de alarma son: Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana, el president de esta última comunidad Ximo Puig, opina que el estado de alarma ha "cumplido su tiempo" y ha llegado el momento de "enviar otro tipo de señales porque es necesario hablar de esperanza".

Por su parte, Asturias va a pedir poder poner toques de queda y limitar horarios de apertura y cierre de comercios y establecimientos.

Baleares y Canarias pretenden mantener los controles en los puertos y aeropuertos de las islas. Castilla- La Mancha pide al Gobierno margen de maniobra para aplicar medidas y Navarra que sigue en riesgo muy alto junto con el País Vasco, estudia esta semana lo que hará a partir del 9 de mayo en función de cómo evoluciones la pandemia.

En Cataluña preparan un marco legal para mantener el toque de queda más allá del estado de alarma. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó reconoce que la Generalitat está "estudiando mecanismos para dotarse de un marco normativo en caso de que sea necesario decretar un toque de queda", un "paraguas legal" aplicable en el caso de restricciones de movilidad.