Ni la Guardia Civil ni la Policía Local de Lardero sabían que Francisco Javier Almeida, condenado previamente por asesinato y abusos sexuales, residía en la casa donde, presuntamente, este jueves mató a un niño de nueve años. El juez e Instituciones Penitenciarias sabía perfectamente dónde vivía este hombre, que fue sometido a numerosos controles para conocer si cumplía con las exigencias del tercer grado concedido en abril de 2020. Pero, según ha podido saber COPE, ni la Guardia Civil ni la policía municipal tenían información. Por eso, los agentes no pudieron cruzar los datos al buscar sospechosos en ese mismo barrio.

La última noticia que había tenido la Guardia Civil fue el cumplimiento de los 39 permisos de los que ha disfrutado desde su salida de prisión. Cuarteles como los de Logroño o Torrelavega recibieron la visita del interno para el control diario al que debía someterse, cuentan a COPE fuentes del Instituto Armado. Pero desde que se le concede la libertad condicional, nadie les da cuenta de la nueva situación penitenciaria del hombre. Tampoco a la policía local de Lardero. "En ningún momento, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en este municipio nos han notificado la presencia de este individuo", señala a COPE la concejala de Seguridad del municipio, Marta Elguea.

Los medios de la Guardia Civil aclaran que no hay obligación legal de ello, algo que aún así no se entiende desde el consistorio. "Hemos preguntado a la Delegación del Gobierno por qué los agentes de nuestra ciudad no conocían esta información", señala Marta.

SE MUDÓ FRENTE A UN COLEGIO CON MÁS DE 400 ALUMNOS

El preso solicitó cambio de domicilio a finales de 2020. Desde el 8 de abril, había disfrutado de la libertad condicional en casa de su madre, en Logroño. Pasó a vivir en Lardero frente a un colegio que tiene matriculados más de cuatrocientos alumnos.

Desde su salida de prisión, Francisco Javier Almeida estuvo sometido a 16 intervenciones de seguimiento, entre ellas una visita de funcionarios a su actual domicilio. El juez le impuso una serie de condiciones, como comunicar cualquier cambio de domicilio, la búsqueda de trabajo o cada dos meses acudir a la oficina de gestión del Servicio de Penas y Medidas Alternativas de la prisión de Logroño.

Esos controles bimensuales consistieron en entrevistas presenciales pero también en contactos telefónicos e incluyeron, por ejemplo, la comunicación por parte del condenado de la incorporación a un trabajo y, tiempo después, de que había ampliado su horario laboral. A finales de 2020 también solicitó al juez un cambio de domicilio a la vivienda en alquiler donde fue arrestado el pasado jueves y que el juzgado autorizó.

Ya en 2021 las actuaciones de seguimiento habituales fueron más numerosas, con hasta once intervenciones en las que Almeida cumplió con los controles bimensuales, presentó distintos justificantes de pago de la responsabilidad civil de la condena, entregó una copia de su contrato laboral, del de alquiler o recibos de nómina. Una de estas once actuaciones consistió en la visita a su domicilio de los funcionarios de seguimiento de la libertad condicional para, precisamente, cerciorarse de que Almeida estaba cumpliendo con los requisitos impuestos por el juez.

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