El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha dicho que "lamentablemente" no existen "motivos" para "esperar nada" de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, pues el Govern "seguirá con su deslealtad" y sin intención "de hablar de los problemas reales de los catalanes".

En declaraciones a los medios antes del encuentro, Martín Blanco ha destacado que "de entrada" la reunión para los naranjas "es anómala", ya que lo que debería hacer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es ir a la "órganos multilaterales" como la Conferencia de Presidentes "tanto que se llenan la boca de hablar de Estado federal".

"Se resiste a ir a esos órganos con otras comunidades autónomas, despreciándolas y con pretensión de superioridad respecto al resto de españoles", ha señalado el diputado de Cs, quien ha calificado de "inadmisible" la actitud de la Generalitat.

Sobre las pretensiones del Govern, Cs ha señalado que previsiblemente "exigirán más transferencias competenciales" e insistirán "en la amnistía y la autodeterminación" en lugar de "preocuparse por el paro o la ralentización económica", entre otras cuestiones.

"También pedirán que el aeropuerto de El Prat lo gestione la Generalitat. No creemos que necesariamente la gestión autonómica tenga que ser mejor que la central", ha añadido.

Martín Blanco ha mostrado también su desazón porque no exista de la Generalitat "lealtad" ni con las instituciones ni con "el conjunto de los catalanes", pero también porque el Gobierno "ponga por delante los intereses generales a los privilegios de los políticos independentistas".

Más allá, ha opinado que el ejecutivo de Pedro Sánchez "no está a la altura" y se deja "chantajear" por los "separatistas" ante "supuestos agravios", como, según él, han hecho ya anteriormente otros Gobiernos.

La reunión de la Comisión Bilateral, la primera desde el 1 de agosto de 2018, tendrá lugar a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez.

La delegación catalana estará encabezada por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y la propia Vilagrà.