Una juez de Oviedo ha remitido al juzgado de guardia testimonio para que investigue a una entidad bancaria por una desobediencia grave a la autoridad judicial ante su negativa reiterada a ejecutar las sentencias que le obligaban a devolver a un matrimonio el dinero de una cláusula suelo declarada nula.

Los demandantes habían intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, pero la entidad bancaria se negó "sin justificación alguna", según la magistrada-juez, lo que obligó "con su inactividad" a acudir a la vía judicial contra Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (actual Unicaja Banco).

La primera sentencia, fechada el 13 de noviembre de 2017, avalaba la demanda del abogado Ignacio García García, en representación de J.M.A. y M.V.R.V., por la que anulaba las revisiones del tipo de interés mínimo variable del 3,25 por ciento en la escritura de subrogación del contrato formalizado en 2004.

La juez condenaba a la entidad a eliminar la cláusula del contrato así como a reintegrar las cantidades cobradas por ese concepto y a rehacer el cuadro de amortización sin la aplicación de la cláusula declarada nula para lo que concedía un mes de plazo.

Sin embargo, la entidad no lo cumplió, por lo que la juez dictó una nueva sentencia, el pasado mes de mayo, en la que imponía una multa de 50 euros diarios por falta de colaboración.

Ante el nuevo incumplimiento íntegro de la sentencia, al eliminar la cláusula suelo del contrato pero negarse a recalcular el cuadro de amortización como le imponía expresamente, la juez impuso una multa de 1.500 euros a la entidad bancaria por mala fe procesal bajo apercibimiento de embargo.

El pasado 3 de octubre, el juzgado dictó una diligencia de ordenación por la cual, declarado ya firme el auto que imponía la multa de 50 euros diarios a la entidad y habiendo transcurrido "con exceso" el requerimiento para que pagara la multa de 1.500 euros, el juzgado remitía un oficio al Banco de España.

En ese oficio, el juzgado solicitaba la retención de los depósitos bancarios para cubrir el importe de 6.850 euros de multa, cuantía adeudada hasta esa fecha, y su ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado.

El pasado 26 de octubre dictó una nueva diligencia de ordenación por la cual se expedía testimonio para su remisión al juzgado de guardia por si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.