Un juez de Barcelona ha anulado el proyecto de dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento al considerar que éste carece de competencias para el ejercicio de la actividad odontológica, que está atribuida a la Generalitat.

En su sentencia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona ha estimado el recurso que presentó el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) contra el Acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona de marzo de 2019 que daba luz verde a la iniciativa, que suponía precios para la ciudadanía entre un 10 % y un 40 % por debajo del valor de mercado.

Según el magistrado, el consistorio barcelonés no tiene competencias sobre materia odontológica, que ostenta el Ejecutivo catalán, y, entender lo contrario, "implicaría atribuir una potestad exorbitante a la administración local en detrimento de la iniciativa privada" y podría poner incluso en riesgo la "sostenibilidad financiera" del consistorio.

"A mi juicio, la administración podrá prestar servicios de carácter público o ejercer la iniciativa económica siempre que goce del respaldo de la competencia en cuestión; entender lo contrario implicaría atribuir una potestad exorbitante a la administración local en detrimento de la iniciativa privada, de las competencias atribuidas a otras administraciones e incluso en perjuicio del propio ciudadano, confundido en cuanto a la administración competente a la que dirigirse, y ello sin olvidar el posible riesgo para la sostenibilidad financiera de la administración local", apunta el juez.

La sentencia resalta de este modo que el Ayuntamiento ni tiene "competencias propias" sobre servicios odontológicos, ni tampoco las ostenta "por delegación", ya que las cuestiones relacionadas con la sanidad son exclusivas de la Generalitat.

"Ni nos encontramos ante competencias propias de la administración demandada, determinadas por ley y que se ejerzan en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, ni se trata de competencias que ostente la demandada por delegación, ni competencias que puedan ejercerse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la administración local, ni se incurra en supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra administración pública", agrega.

A raíz del recurso del COEC, en junio de 2019 el juez suspendió cautelarmente el dentista municipal, una medida que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) levantó en febrero de 2020 a petición del Ayuntamiento, al que permitió continuar con el proyecto de salud bucodental a precios más asequibles.

El alto tribunal catalán consideró entonces que la actividad no suponía ningún coste para las arcas municipales ni afectaba al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y que tampoco quedaban debidamente acreditados los supuestos perjuicios económicos que causaría al sector privado su puesta en marcha.

De hecho, la concejal de Salud, Gemma Tarafa, ya ha avanzado que recurrirán la sentencia ante el TSJC y ha recordado que, al no ser una sentencia firme, "no invalida en ningún caso que el proyecto de dentista municipal para todos siga adelante".

"Estamos culminando los trabajos de apertura de este operador ontológico y seguiremos trabajando en esta línea. Seguro que el TSJC hará una sentencia favorable tras nuestro recurso", ha señalado.

Tarafa también ha matizado que el fallo del contencioso se refiere únicamente al operador odontológico para la población en general y no al resto de proyectos de salud bucodental que ha impulsado el ejecutivo de Ada Colau en la ciudad, como un dentista gratuito para personas vulnerables derivadas por servicios sociales que cuenta actualmente con dos clínicas, una en Torre Baró y otra en Viladomat.

Por su parte, el COEC ha celebrado la sentencia porque a su entender garantiza que "el Ayuntamiento de Barcelona y el resto de corporaciones locales que sugirieron actuaciones idénticas detendrán cualquier iniciativa de construcción o de apertura de centros dentales".