Jueces y fiscales avisan: más movilizaciones si no hay cambios en las leyes

 Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado tres jornadas de paro en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal han advertido este viernes de que retomarán las movilizaciones si no hay "cambios sustanciales" en las reformas.

La Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han reunido este viernes para hacer balance de la huelga que, según sus cifras, ha sido respaldada por un 70 % de jueces y fiscales.

Más medidas si no se producen cambios

Las asociaciones conservadoras han acordado no prolongar de forma inmediata la huelga, aunque advierten de que retomarán nuevas medidas de conflicto colectivo si no se producen cambios sustanciales en las reformas "y cuando concurran las condiciones jurídicas, institucionales y sociales que garanticen su eficacia".

En este sentido, reconocen que al estar en el mes de julio, el porcentaje de quienes se cogen vacaciones crece exponencialmente y esto dificulta la obtención de datos de seguimiento y provoca distorsiones "que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización".

Por otro lado -señalan- la afección al funcionamiento del servicio público de Justicia se ve tan reducida que "la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad, quedando diluida hasta el punto de resultar ineficaz".

En consecuencia, concluyen que prolongar de forma inmediata la huelga "no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización" ajeno a la realidad.

Según los convocantes de las tres jornadas de paro, la huelga ha supuesto "un punto de inflexión en la defensa de los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, la dignidad profesional y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

"Se trata de la mayor huelga judicial desde la recuperación democrática, reflejo de la gravedad de las reformas legislativas en curso", han subrayado las asociaciones, que han calificado la huelga de "éxito rotundo".

Indican que durante los tres días de movilización, la participación media ha sido del 70 %, una cifra que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rebajado hasta el 31,04 %.

Precisamente para conocer el impacto real de la huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que informaran de los jueces y fiscales que secundaban la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente.

El CGPJ, sin embargo, ha insistido en que carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en una huelga que el Pleno tuvo por no anunciada en su acuerdo de 26 de junio de 2025.

Las asociaciones, que no tienen datos de cuántos juicios se han suspendido por la huelga, estiman la participación en las jornadas de paro a través de los correos electrónicos "voluntarios y confidenciales" de las personas que han comunicado su decisión de secundar la huelga.

Por su parte, el Ministerio basa sus cifras en los datos oficiales facilitados por los tribunales superiores de justicia.

Las asociaciones denuncian que estas reformas "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y critican la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera "mediante un examen ad hoc".

Lamentan la tramitación por la vía de urgencia de estas reformas, "sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos", y que atribuyen más poder al Fiscal General del Estado sin reforzar su independencia, "al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal".

Bolaños no cede

Bolaños defiende sin embargo que "ni una sola línea" de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de "infundadas" las críticas de las asociaciones contra estas leyes.

Las asociaciones han solicitado reuniones con los partidos con representación parlamentaria para exponer las graves consecuencias que comportan estas reformas y se han reunido con los grupos parlamentarios que los han recibido (PSOE, PP y VOX).

Además, una delegación viajará a Estrasburgo del 7 al 9 de julio, donde mantendrá encuentros con eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo para exponer su preocupación por la "regresión de la independencia judicial en España", apelando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.