Martes 29 de septiembre. El Gobierno y la Comunidad de Madrid llegan a un principio de acuerdo (que luego no se demostrará como tal) a la hora de aplicar restricciones contra el coronavirus. Uno de los criterios a seguir es que la comunidad autónoma en cuestión presente una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ratificará más tarde a la hora de justificar el cierre de la capital española.

Martes 13 de octubre. Con Madrid ya por debajo del límite marcado en un primer momento por Sanidad, Illa ratifica un cambio de criterio que quizá pasó inadvertido al anunciar el estado de alarma en la región: ahora el objetivo es llegar a una incidencia acumulada de “100-150” casos por cada 100.000 habitantes, con los “200” como máxima concesión.

¿Conclusión? Estamos en medio del enésimo capítulo de la guerra vigente entre el Ejecutivo central y Madrid. Cuyas autoridades, que piden que decaiga ya la alarma, no dan crédito ante el “cambio de reglas inventado esta misma mañana” por parte del ministro. Sobre todo, porque lo que pide Sanidad parece imposible a día de hoy. Al menos, si atendemos a los datos.

Una incidencia acumulada deseable que casi ninguna Comunidad cumple

Según la última actualización del Ministerio, la incidencia media en España es de 263,35. Por lo tanto, podría darse un estado de alarma generalizado en el caso de que este criterio fuese el único con potestad para motivar confinamientos.

Si vamos Comunidad por Comunidad, la realidad es que tan sólo cinco (son 17 más Ceuta y Melilla) están en las mejores condiciones de incidencia. Es decir, entre 100 y 150 o menos: Baleares (122,67), Canarias (87,26), Cantabria (109,11), Comunidad Valenciana (95,09) y Galicia (135,06). Si subiésemos el listón hasta 200, Andalucía (185,09) y Asturias (175,01) también entrarían en la lista.

Sin embargo, el resto del país está en una situación desfavorable según el criterio anunciado hoy por Illa: Aragón (414,62), Castilla-La Mancha (312,12), Castilla y León (403,58), Cataluña (263,03), Ceuta (331,46), Extremadura (233,12), por supuesto Madrid (489,15), Melilla (543,43), Murcia (308,99), Navarra (756,79), País Vasco (264,75) y La Rioja (384,79).

¿Qué pasa con las otras dos medidas?

A la incidencia acumulada (si asumimos la modificación de los 500 casos por cada 100.000 habitantes a los 100-150 o 200) hay que añadirle dos criterios más para el confinamiento perimetral: una tasa de positividad en las pruebas superior al 10% y una tasa de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por encima del 35%.

Si también atendemos a la positividad y a las UCI, La Rioja y Ceuta estarían en posición de aplicar el estado de alarma: la primera región presenta un 12,4% de positividad y un 36,67% de camas UCI ocupadas, mientras que los datos de la segunda son 30% y 35,29% respectivamente. Aragón (17,2% y 31,55%) y Castilla y León (21,1% y 31,96%) se quedarían al borde de esa hipotética alarma.

¿Y si volvemos al punto de partida restrictivo?

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Si tomamos como referencia la incidencia inicial de 500 y la analizamos junto a la positividad y las UCI, nos encontramos con un dato demoledor: ninguna Comunidad o Ciudad Autónoma española debería estar confinada a día de hoy, ya que no se cumple a la vez ninguno de los parámetros de Sanidad.

Ante todo esto, la sensación que cala en la ciudadanía no ha dejado de ser la misma desde hace unas semanas: el desconcierto más absoluto. Porque está visto que los criterios restrictivos pueden cambiar de un día para otro... y la imparcialidad a la hora de aplicarlos no está ni mucho menos clara.