Una juez de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña presentada por una madre a la que separaron de su hija pese a contar con la custodia judicial y ha ordenado las primeras diligencias para determinar si prevaricó.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha aceptado la querella por los delitos de prevaricación, coacciones y contra la integridad moral y ha acordado solicitar a la DGAIA el expediente administrativo que supuso la separación de madre e hija.

También ha requerido al Juzgado de Primera Instancia número 4 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que revertió la decisión de la DGAIA en 2019, para que aporte las pruebas sobre la ejecución de su resolución en contra de separar a la hija de la madre, que representa el abogado especializado en menores Enrique J. Vila, de la asociación APRODEME.

El caso se remonta a 2013 cuando, a raíz de una denuncia anónima contra la madre, la DGAIA dictó sucesivas resoluciones administrativas ordenando la tutela de la menor, que entonces tenía nueve años, a pesar de que la progenitora contaba con la guardia y custodia desde 2008, una medida había sido ratificada en 2010 por la Audiencia de Barcelona.

Sin embargo, para el juez de L'Hospitalet de Llobregat que retiró a la Generalitat la tutela de la menor, la DGAIA actuó de forma irregular con "ánimo de desacreditar" a la madre, "sin aportar datos objetivos, sino basado en creencias y suposiciones hasta llegar a un relato maniqueísta que nada tiene que ver con el caso concreto, sino con la forma de entender la vida por parte quien confecciona los informes".

El magistrado de L'Hospitalet acusó a la DGAIA de querer "burlar" el "normal funcionamiento de la Administración de Justicia" con sus resoluciones y considera que la actuación llevada a cabo por los respectivos técnicos "ignoran los valores y principios más elementales" de la Convención Europea de Derechos Humanos.

"Lo que resulta absolutamente grave, y por ende intolerable, es que por parte de aquellas personas que, ostentando la condición de funcionarios públicos (...), se ignore deliberadamente el mandato judicial contenido en una sentencia; se intente burlar, e incluso, se obstaculice el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, realizando estas acciones en perjuicio directo de los intereses de un menor, y en nombre de la calendada afirmación de 'actuación en defensa del superior interés'", subrayó en el auto.

Apuntó así que el dictamen de la DGAIA introdujo "elementos de descalificación" contra la madre "sin objetividad alguna", al punto de que presentaron como "hecho negativo" el que ésta tuviera "una reacción ansiosa y depresiva por la retirada de la su hija", que ya ha cumplido la mayoría de edad.

"Lo que sería de extrañar sería precisamente todo lo contrario: que a una madre a quien le quiten a su hija y no tuviera una reacción de tristeza y afectación persona", remarcó el juez, para quien la DGAIA llegó a "perseguir" a la progenitora con "inquina".

En su auto, con el que acordó conceder la custodia al padre de la menor y la potestad compartida para ambos, también apuntó que el progenitor fue "víctima de las actuaciones del EAIA (Equipos especializados de Atención a la Infancia y la Adolescencia) y del maltrato institucional" porque haber sido "ignorado" y "descalificado para desarrollar su rol".