El juez del caso Villarejo interroga de nuevo este jueves por la operación Kitchen, al ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que colaboró en la sustracción de documentos al extesorero del PP, y al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Esta será la segunda vez que comparezca ante el juez Gómez Gordo, que fue director general de Documentación y Análisis en el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, y la tercera que lo hará Ríos, después de que en enero lo hiciera a petición propia tras haberse acogido en diciembre a su derecho a no declarar.

Tras prestar declaración, el juez Manuel García Castellón prohibió a ambos salir de España sin autorización judicial, y al chófer, que se sospecha que recibió 48.000 euros en fondos reservados por su actuación como confidente policial, le impuso además comparecencias mensuales y la retirada del pasaporte.

La semana pasada, también en el marco de esta pieza declarada secreta, prestaron declaración como imputados los inspectores jefe Bonifacio Diaz Sevillano y José Ángel Fuentes, así como el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, conocido por sus enfrentamientos con Villarejo.

Con esta decisión, García Castellón imputaba a toda la cúpula policial que pudo estar implicada en el espionaje a Bárcenas, que se puso en marcha en 2013 con ayuda de Villarejo cuando Jorge Fernández Díaz era el ministro del Interior.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, a cuyas ordenes se encontraban el resto de los policías investigados y al que el juez también ha retirado el pasaporte, rechazó en su declaración que el dispositivo para vigilar a Bárcenas fuera ilegal.

Versión que corroboró el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, El Gordo, así como el propio Villarejo, quienes coincidieron en defender la legalidad de la operación, que redujeron a un mero dispositivo para vigilar a Bárcenas ante la alarma social al conocerse su fortuna en Suiza.

También ha declarado por estos hechos el matrimonio Bárcenas, ante García Castellón y el juez José de la Mata, que investiga la caja B del PP, a los que el extesorero explicó que su chófer llevó, por encargo suyo, documentos sobre la contabilidad paralela del partido desde la sede del PP a un estudio de restauración de su mujer, así como una carpeta con documentos al despacho de su entonces abogado, información que, aseguró, después fue aportada.

Sostuvo que esos papeles no eran tan relevantes para la causa en comparación con otros documentos que ya había aportado y descargó la responsabilidad en caso de que algo faltara en terceras personas.