La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar en diez mil euros a un preso al que hubo que amputarle un dedo en 2013 por la tardanza en operarle, ya que su enfermedad estaba diagnosticada desde 2005, debido, entre otros motivos, a sus sucesivos cambios de centro penitenciario.

En una sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima en parte el recurso del preso, H.G.A., contra la resolución del Ministerio del Interior que desestimó su petición de ser indemnizado en 98.000 euros.

La Audiencia fundamenta que "la tardanza en adoptar las medidas necesarias para que el recurrente hubiera sido atendido quirúrgicamente abocó a la amputación del dedo meñique de la mano izquierda el 5 de diciembre de 2013 cuando estaba diagnosticada su enfermedad de dupuytren desde 2005".

Añade que "la tardanza vino ocasionada, entre otros motivos, por la necesidad de reiniciar las correspondientes solicitudes de tratamiento y nuevas pruebas médicas con motivo de los sucesivos cambios de centro penitenciario" al que fue sometido.

"No puede entenderse que la amputación sea una consecuencia directa de la enfermedad sino de la demora en la operación que en principio la hubiera evitado", abundan los magistrados.

La resolución señala que un informe del subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria expone que al menos desde el año 2005 el interno estuvo siendo tratado en diversos hospitales de Madrid, dependiendo del establecimiento penitenciario en el que se hallara, pero al permanecer en la Comunidad madrileña los traslados entre centros no supusieron pérdida de citas ni menoscabo asistencial.

Sin embargo añade que en noviembre de 2010 fue trasladado a Sevilla teniendo citas pendientes en radiología, cirugía general, urología, anestesa y cirugía plástica.

En un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que llevó este caso ante la Audiencia Nacional, recuerda que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado en numerosas ocasiones que una atención médica inadecuada puede constituir trato inhumano o degradante".

Explica que "los continuos traslados de centro penitenciario" que sufrió H.G.A. "frustraron hasta cinco operaciones programadas por su enfermedad".

Añade que H.G.A. "fue operado ocho años después de ser diagnosticado de la enfermedad de Dupuytren, que afecta a los tendones e impide que la persona pueda estirar los dedos".

La APDHA explica que "según el demandante el motivo de los continuos traslados tenía que ver con su actitud reivindicativa dado que había participado en las campañas contra la tortura y la falta de asistencia médica en las prisiones a través de huelgas de hambre, encierros en la celda en los horarios permitidos y la remisión de escritos de denuncia".

Para la APDHA fueron "traslados arbitrarios utilizados como sanción encubierta".