El principal imputado por espiar a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres ha defendido que su empresa analizó por orden del Gobierno ecuatoriano el "riesgo" de algunas visitas "peligrosas" del activista, algunas de ellas relacionadas con el movimiento independentista catalán.

David Morales, dueño de la empresa UC Global, que se encargó de la seguridad de la embajada entre 2015 y 2018, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que niega el espionaje y acusa al activista de "injerencia" en la política española y del país andino.

El juez le investiga ante los indicios de que habría grabado reuniones personales de Assange con sus abogados o con representantes diplomáticos para después transferir presuntamente la información, e incluso de que ordenó que se tomaran las huellas dactilares del activista. Un presunto espionaje que se investiga si alcanzó al expresidente de Ecuador Rafael Correa.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe este miércoles, Morales alega que, por orden de los servicios de inteligencia y del Gobierno de Ecuador, "se informó y analizó el riesgo y repercusiones" de algunas visitas "polémicas" de Assange que suponían un "riesgo" para la Embajada, donde estuvo refugiado cerca de siete años, y para la "política exterior" del país.

Entre ellas menciona la de dos personas que se encontrarían entre los detenidos en la reciente operación Volhov sobre el supuesto desvío de fondos públicos para financiar los gastos del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en Bruselas, y adjunta en concreto noticias sobre el empresario Oriol Soler, quien se reunió con Assange en busca presuntamente de apoyo en la internacionalización del proceso independentista, según el juez que investiga esta operación.

También cita la visita del programador informático británico Amir Taaki o del líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, y otras supuestamente de personas "relacionadas con inteligencia y órganos de desinformación de Rusia".

Pero afirma que "no existe evidencia" de que se hayan grabado las reuniones del activista para transferir la información a Estados Unidos y alega que una grabación captada supuestamente por un micrófono escondido en la base de un extintor respondía a "unas pruebas de audio de carácter técnico" que no captaron ninguna conversación.

La defensa sostiene además que una grabación aportada por Assange estaría "manipulada" e "incluye una conversación superpuesta", de modo que pide al juez que se cotejen las dos copias de la misma, y solicita también la declaración de un testigo protegido que ya acusó a Morales de ordenarle instalar micrófonos en la base de un extintor y en el baño de señoras -lugar donde se reunía Assange con sus abogados-, por considerar su versión "contradictoria".

Morales, que fue detenido en 2019 por estos hechos, tilda las acusaciones de "montaje" orquestado por Assange y varios trabajadores que tenían un conflicto laboral con él, e insiste en que la acusación persigue "entorpecer" el proceso de extradición a Estados Unidos por la filtración de documentos confidenciales al que se encuentra sometido el activista, ahora en prisión en Reino Unido y cuyo desenlace se conocerá en enero.