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Human Rights Watch critica el uso de cañones de agua contra manifestantes en Tailandia

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 07:17

Human Rights Watch (HRW) ha criticado este sábado el "innecesario" uso de cañones de agua contra los manifestantes por parte de la Policía tailandesa en las "protestas pro-democráticas" contra el Gobierno del país de este viernes.

De acuerdo con la organización, la Policía también ha utilizado "lo que parecía gas lacrimógeno" y ha cargado con porras y escudos para dispersar a los protestantes, algunos de los cuales han sido detenidos. La Policía, que asegura haber arrestado a siete personas, ha emitido 12 órdenes de búsqueda contra los líderes de las protestas y ha detenido a un periodista que cubría el suceso, según HRW.

El director de HRW en Asia, Brad Adams, ha asegurado en un comunicado que el Decreto de Emergencia aprobado por el Gobierno da a la Policía "luz verde para cometer abusos contra los Derechos con impunidad" y ha destacado que, según la ONU, los cañones de agua solo pueden ser usados si la vida de los agentes corre peligro.

GOBIERNO Y MANIFESTANTES MANTIENEN EL PULSO

Pese a las críticas internacionales, el Gobierno de Tailandia ha pedido a la policía "más mano dura" contra los manifestantes aunque "evitando violencia", según ha informado la agencia estadounidense Bloomberg.

Además, según el 'Bangkok Post', el Gobierno no ha descartado imponer un toque de queda en la ciudad si la situación continúa complicándose para sus intereses.

Por su parte, los manifestantes han convocado para este sábado una cuarta jornada de manifestaciones, pese a que según el Estado de Emergencia impuesto por el Gobierno, las asambleas de más de cinco personas permanecen prohibidas.

CENSURA Y DETENCIONES

Los hechos sucedidos tras la última manifestación no son los únicos que denuncia HRW, que cifra en 85 los protestantes con cargos por "asamblea ilegal" tras el comienzo de las protestas en julio y en 22 los detenidos tras la imposición del Estado de Emergencia este viernes.

El Estado de Emergencia faculta a la Policía a detener ciudadanos sin tener que presentar cargos previos en situaciones provisionales y le da la posibilidad de negar tener un abogado o visitas familiares. Además, tras su aprobación, se han detenido las discusiones políticas en el Parlamento y se han limitado las reuniones a cinco personas.

La organización que vigila el cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo también ha denunciado la censura impuesta por el Gobierno y la Policía, que emitió una orden advirtiendo a quien hiciera comentarios críticos con la Monarquía en redes. Asimismo, se han prohibido los 'selfies' en las protestas y la retransmisión en vivo de las mismas.

HRW ha denunciado que televisiones como la BBC han sido bloqueadas en el principal operador televisivo por cable del país y que el Gobierno ha presionado a los operadores por satélite para bloquear la emisión de Voice TV, una cadena conocida por su cobertura crítica al Gobierno.

Asimismo, ha señalado que cientos de activistas y disidentes han sido perseguidos durante décadas por crímenes que van desde la sedición a insultos a la Monarquía y que las medidas para contener la pandemia han sido usadas como pretexto para "prohibir manifestaciones pro democracia y acosar activistas".

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