Siete asociaciones de guardias civiles han criticado hoy una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad relacionada con la conocida como "ley mordaza" al entender que en la practica va a suponer "un aumento en las trabas y requisitos procedimentales" para realizar su trabajo.

En un comunicado conjunto, las asociaciones aseguran que la instrucción ha provocado entre los guardias civiles y las asociaciones profesionales "intranquilidad ante el futuro ejercicio de sus funciones".

De hecho, precisan que han causado alarma las instrucciones para la realización de los registros corporales externos, situaciones que deriven en desobediencias o resistencias a los agentes o faltas de respeto y consideración a los mismos.

Entre las directrices "poco afortunadas" destacan la relativa al "uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", y señalan que en un nivel 4 de alerta antiterrorista, la Secretaría de Estado "debería tener muy presente este hecho para velar por la propia seguridad" de los agentes.

Recuerdan que en la instrucción se indica que "para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes (...) y que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias (...)".

Ante ello, las asociaciones se preguntan "¿qué significa realmente un uso irregular para que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias?"

"Porque el simple hecho de tomar una instantánea -añaden- ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias; imagen que con la tecnología actual puede hacerse viral en redes sociales o internet en cuestión de minutos".

Y se preguntan también: "¿Acaso tenemos que esperar los guardias civiles a que nuestra seguridad este claramente en riesgo y ya no haya remedio para poder denunciar ese acto?".

Las asociaciones, al igual que han hecho los sindicatos policiales, critican a Interior por haber redactado una instrucción "sin tener en cuenta la opinión de los profesionales que ponen en juego su vida cada día".

En este sentido, entienden que para la elaboración de instrucciones relacionadas con aspectos policiales "sería conveniente que se contase con los legítimos representantes de los guardias civiles".