La Delegación del Gobierno en Aragón ha remitido al juzgado de guardia la denuncia del PP de Zaragoza contra un acto en el que mañana participará una integrante del grupo terrorista GRAPO para que, si lo considera oportuno, la traslade a la Fiscalía.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a Efe esta información adelantada por la edición digital de Heraldo de Aragón.

El centro social comunitario Luis Buñuel, que depende del Ayuntamiento zaragozano, gobernado por Zaragoza En Común, confluencia de partidos de izquierda, acogerá mañana una serie de conferencias y ponencias agrupadas en las Jornadas Noviembre Antifascista, entre cuyas participantes figura la que fuera integrante del GRAPO Carmen López Anguita, condenada por el atentado contra la cafetería California, en Madrid en 1979, en el que fallecieron nueve personas.

Conocida esta convocatoria, el portavoz del PP en el consistorio zaragozano, Jorge Azcón, presentó una denuncia contra el acto, que tildó de "nauseabundo" precisamente por contar con la asistencia de una de las "terroristas más sanguinarias" que ha tenido el GRAPO y por lo que pidió al alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, su cancelación.

El grupo municipal de Ciudadanos se sumó a las críticas a esta convocatoria en dependencias municipales y acusó al regidor de "blanquear" el terrorismo al consentir actos de estas características.

Y el PSOE de Zaragoza, por medio de su portavoz municipal, Carlos Pérez Anadón, ha expresado su "preocupación" por la celebración de unas jornadas que cree pueden generar "crispación y enfrentamiento" y que, según sus propias palabras, supone "una adulteración y distorsión" de la historia. Recuerda "la larga lista de sufrimiento" que ha provocado la banda GRAPO en la capital de Aragón.

Por ello, ha enviado una carta al alcalde en la que le solicita que desautorice las conferencias, a las que asistirá también el rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento de terrorismo, y el abogado de la banda Juan Manuel Olarieta.

Las protestas han procedido también de Madrid, desde donde la Fundación Víctimas del Terrorismo, de la diputada del PP Mari Mar Blanco, ha pedido que se prohíba el acto. También en este sentido, la entidad del Colectivo Víctimas del Terrorismo, que preside Consuelo Ordóñez, ha exigido la suspensión.

Frente a las peticiones y protestas de asociaciones de víctimas y de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde ha asegurado que el consistorio "en ningún momento tiene que actuar de censor".

"No hay nada que decir", ha añadido al tiempo que se ha remitido a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de febrero de 2018, relativo a un acto del año anterior sobre el derecho a decidir del pueblo catalán. Fue un acto previo a los acontecimientos del 1-O de 2017.

Entonces el TSJA no apreció motivos para considerar que la cesión del local para esta charla hubiera vulnerado los principios de objetividad y neutralidad política, o los derechos de expresión y de reunión.

La Delegación del Gobierno, ante la que el PP presentó la denuncia, ha decidido adoptar dos medidas: por un lado, apuntan las fuentes consultadas, dirigir el texto al juzgado de guardia para que, si así resuelve, "lo ponga en conocimiento de la Fiscalía". Argumentan estas fuentes que la Delegación no tiene competencias para prohibir actos, pues eso concierne a la Justicia.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, ha tomado las medidas policiales necesarias para "garantizar la seguridad" y evitar posibles altercados.