El Consejo de Ministros ha aprobado este martes unos indultos parciales, reversibles y condicionados para los nueve líderes independentistas del procés con penas de prisión, una medida con la que el Gobierno pretende "pasar página" y buscar la convivencia, aunque admite que no son garantía para una solución.

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el lunes en Barcelona esa aprobación, el Gabinete ha acordado la medida de gracia con la convicción de que los indultados no volverán a cometer los mismos hechos por los que les condenaron y de que es "muy difícil" que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.

Sánchez ha ofrecido una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en la que ha insistido en los argumentos expuestos en su intervención en Barcelona y ha explicado que los indultos son parciales, ya que se conmutarán las penas de prisión, pero continuarán las de inhabilitación.

Es decir, que los beneficiados por la medida no podrán ejercer cargos públicos mientras la dure la pena.

Además, los indultos están condicionados a que no cometan un delito grave en un periodo de entre tres a seis años en función de cada caso o, de lo contrario, esta medida de gracia quedaría sin efecto.

Sánchez ha insistido en el argumento de la "utilidad pública" para tomar una decisión que espera que abra una etapa de diálogo y se acabe el enfrentamiento.

"Hay camino", ha proclamado antes de mostrar su convencimiento de que, de acuerdo con el espíritu de concordia de la Constitución, es lo mejor para Cataluña y para España y demuestra la grandeza de la democracia española.

La misma que ha pedido que demuestren quienes no son favorables al indulto.

No espera que los dirigentes independentistas renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos, y admite las dificultades que hay por delante.

Un mensaje que ha repetido poco después la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya que ha reconocido que "de ninguna manera está garantizado el éxito de que el conflicto catalán pueda llevarse a buen puerto en un plazo breve de tiempo".

Se ha manifestado segura de que al mantenerse la pena de inhabilitación y al ser los indultos reversibles, no se volverán a repetir los hechos del 1 de octubre de 2017.

"Este Gobierno no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia", ha garantizado para pedir acto seguido a las fuerzas soberanistas "dosis de realidad y pragmatismo".

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Dada la seguridad de que no se van a repetir los hechos, fuentes del Ejecutivo restan importancia a la falta de arrepentimiento.

Estas fuentes consideran que la prisión de los condenados por el procés era "el principal escollo" para el diálogo, "un callejón sin salida", y los indultos quitan argumentos a los independentistas.

Que hubiera líderes políticos en prisión en una democracia occidental, añaden, es algo también muy excepcional, y en Europa y en el resto del mundo creen que no se entendía que hubiera penas tan elevadas.

Interpreta igualmente el Gobierno que los indultos están suficientemente motivados y argumentados tras un procedimiento que se ha seguido de "manera escrupulosa" y, por ello, no prevé que prosperen en el Tribunal Supremo los recursos que se puedan presentar.

El Ejecutivo no expone razones de justicia o de equidad, sólo de utilidad pública, pero está convencido de que son suficientes para justificar las medidas de gracia.

Tampoco ven futuro a unas posibles medidas cautelarísimas para revertir los indultos dado que ese tipo de decisiones se toman sólo en casos en los que los daños que se puedan provocar sean "irreversibles", algo que no ocurre en este caso.

Asimismo, tienen claro que no se trata de un "autoindulto", como sugirió en su informe el Tribunal Supremo por tratarse de personas que representan a partidos que apoyan al Ejecutivo, ya que el Gobierno interpreta de forma restrictiva esa prevención y cree que afecta tan sólo a los miembros del Consejo de Ministros.

Montero ha confiado que tras la decisión de este martes, pueda haber avances en diversos foros y citas pendientes, la primera de ellas una reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No creo que tarde mucho. Será cuestión de agendas", ha precisado la ministra dando por hecha la cercanía de esa entrevista.

Después de ella, pero sin ninguna fecha prefijada, es cuando se retomará la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán con la esperanza de avanzar en propuestas viables dentro del marco legal en torno al autogobierno de Cataluña. EFE

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