La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aplace los nombramientos que afectan a la cúpula de la judicatura mientras no sea renovado ya que el mandato de los actuales miembros de este órgano finalizó su mandato hace casi dos años.

Así lo solicita la UPF en un comunicado difundido después de que el CGPJ informara este jueves de que su Comisión Permanente escuchará la próxima semana a los candidatos a presidir tres salas del Tribunal Supremo.

De esta forma el CGPJ prosigue los trámites para la provisión de plazas que ya habían sido convocadas, a pesar de que en julio decidió paralizar los nombramientos previstos ante la reanudación de las negociaciones políticas para la renovación de este órgano de gobierno de los jueces, pues el mandato de sus actuales miembros terminó en diciembre de 2018.

Ahora, dado que el acuerdo parece lejano (el presidente del PP, Pablo Casado, se negó el miércoles a negociar con un Gobierno en el que esté Podemos), los vocales del CGPJ deben decidir si mantienen el freno a los nombramientos o si los retoman, dado que, entre otros, tienen pendientes los de tres magistrados de la Sala de lo Penal.

La UPF estima que "en estas circunstancias la obstinación del CGPJ de seguir funcionando con una normalidad ajena a la realidad, realizando nombramientos que afectan y determinan la cúpula judicial, mal se compadece con un compromiso activo por la renovación de este órgano".

Por ello la UPF insta a todos los miembros del CGPJ a que con base al principio de lealtad constitucional adopten como objetivo último y exclusivo de toda su actuación la consecución de un normal desarrollo del proceso de renovación del Consejo y limiten su gestión al despacho ordinario de asuntos, absteniéndose de adoptar otras medidas salvo casos de urgencia acreditados.

En todo caso la UPF lamenta "la decisión adoptada por el principal partido de la oposición de continuar con su negativa a renovar los miembros de tres de las más importantes instituciones democráticas, el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Considera que "esta decisión de no acatar las leyes que regulan estos órganos constitucionales afecta directamente a la legitimidad de estas instituciones".

"La pasividad y el aquietamiento ante el incumplimiento por parte de las fuerzas parlamentarias de la obligación de renovar el órgano de gobierno de los jueces por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza contribuye al deterioro de la institución y supone una falta de respeto y lealtad a la Constitución y a la ciudadanía", añade la UPF.