El Gobierno Vasco va a encargar un estudio que reconozca la presión ejercida durante años por ETA sobre los funcionarios de prisiones.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo de Vitoria, Beatriz Artolazabal, durante su visita a la cárcel de Álava, conocida como de Zaballa.

La prisión alavesa, junto con las de Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), pasarán a ser gestionadas por el Gobierno Vasco a partir del próximo 1 de octubre, después de haber recibido la transferencia de la competencia.

Justo antes de comenzar la visita la consejera ha tenido unas palabras de solidaridad con los funcionarios de prisiones, a quienes ha reconocido los tiempos difíciles que tuvieron que soportar por la "presión y la sinrazón de la barbarie terrorista".

"Para reconocer y no olvidar este sufrimiento", ha anunciado la elaboración de un estudio a cargo del Instituto Arrue de la Universidad de Deusto en el que se reconocerán estas "intimidaciones criminales".

Para ello, se va a seguir la misma fórmula de otros trabajos sobre concejales bajo la amenaza de ETA, ertzainas presionados o "la difícil situación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi", ha explicado la consejera, quien ha confiado en que el trabajo pueda presentarse el próximo año.

Artolazabal ha reiterado que las víctimas "son y serán el eje" sobre el que se va a diseñar el "modelo penitenciario vasco" y ha insistido en su apuesta por la justicia restaurativa basada en los principios de "resocializar, reeducar y reinsertar".

En esta línea ha hablado brevemente de la vida personal de Máximo Casado, funcionario de la prisión de Nanclares de la Oca en la que trabajó quince años y que fue asesinado por ETA el 22 de octubre del año 2000.

"Es importante que las personas no se pierdan en las estadísticas, porque tienen nombre y apellidos y porque no podemos ni debemos olvidar sus nombres y sus trayectorias", ha sentenciado.

Por último, se ha referido a "todos y cada uno de los funcionarios que los 365 días del año" dan "lo mejor al servicio de la resocialización" de los internos con los que conviven.

En el acto, la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, ha anunciado que seis funcionarios "de perfil técnico" van a liderar la gestión de las cárceles vascas bajo la dirección de los tres directores de Justicia del Gobierno Vasco.

Estas seis personas provienen de áreas muy diversas. Dos tienen una amplia trayectoria en el ámbito penitenciario, especialmente en justicia juvenil y en el tratamiento, otra está especializada en formación e inclusión social y el resto en estructuras organizativas, infraestructuras, equipamientos y contratación.

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Sobre el futuro de la vieja cárcel de Nanclares, la viceconsejera ha reconocido que todavía no hay una decisión al respecto y que esperarán a tener un plan de infraestructuras penitenciarias que recoja las necesidades a cinco o diez años vista.

A la vista de que la nueva cárcel de Zubieta no estará operativa hasta bien entrado 2023 el Gobierno cuenta con un "margen para trabajar el diagnóstico de las infraestructuras sin precipitaciones". EFE

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