Luis Sanz

2018 ha sido un año frenético, cargado de noticias de esas que los periodistas nos empeñamos en calificar de históricas, sin embargo, entre ellas, será difícil discutirle ese adjetivo a la esperada disolución de ETA después de sesenta años de terrorismo y más de 850 asesinatos.

Quizás por esperada, la confirmación del fin de ETA después de ocho años de su último asesinato podría parecer menos trascendente, pero a la larga acabará situándose en su verdadera dimensión.

Fue el 3 de mayo cuando se oficializó: Josu Urrutikoetxea, "Josu Ternera", huido de la Justicia, y Marisol Iparragirre, "Anboto", desde una cárcel francesa, le ponían voz al final de sesenta años de barbarie con la lectura de un texto titulado "Declaración final de ETA al pueblo vasco".

Desde ese momento, tras la confirmación del alivio, pasó a primer término la exigencia del esclarecimiento de los crímenes sin resolver, los posibles cambios en la política penitenciaria y, sobre todo, el debate sobre "el relato".

Hay práctica unanimidad entre víctimas, partidos y organizaciones sociales en que debe quedar claro que la historia de ETA es la de un grupo terrorista que trató de imponer con la violencia un proyecto político, que causó terribles daños a la sociedad vasca, y en general a la española, y que fue derrotado por la democracia y las fuerzas de seguridad del Estado.

No es la lectura que hace ETA, que en su comunicado de disolución mantenía un lenguaje en el que trataba de situar en el mismo plano sus acciones con las de los estados español y francés, antes de dar por concluido "el ciclo histórico y la función de la organización" y asegurar que había "desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras".

Días antes, el 20 de abril, el grupo terrorista preparaba el terreno con un comunicado en el que por primera vez en su historia incluía términos como "perdón" o "respeto" y admitía su responsabilidad directa en el sufrimiento desmedido de la sociedad vasca y "el daño causado".

No obstante, aquel comunicado resultó polémico, ya que en él ETA pedía perdón a las víctimas ajenas al "conflicto", estableciendo así una distinción entre ellas que fue considerada casi unánimemente inaceptable.

ETA, la última gran banda terrorista europea, se disolvía dejando tras de sí más de 850 cadáveres y casi 7.000 heridos, según fuentes oficiales y de las asociaciones de víctimas, mientras que los terroristas reconocen 758 asesinatos.

Decenas de secuestros, extorsiones a empresarios, incontables daños materiales... forman parte también del terrible balance de la actividad de ETA.

El fin de ETA se ha materializado este año pero comenzó a fraguarse tiempo atrás: la banda terrorista cometió sus dos últimos asesinatos en España el 30 de julio de 2009 en la localidad de Palmanova (Mallorca) donde mató a dos guardias civiles y se cobró su última víctima el 16 de marzo de 2010 cuando asesinó a un policía francés.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, tras varios anuncios parciales, el 20 de octubre de 2011 los terroristas decretaban "el cese definitivo de su actividad armada".

A principios de noviembre de este año, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cifraba en 307 los asesinatos de ETA que no tienen una autor material condenado, lo que supone el 36 por ciento de los cometidos por la banda.

Las víctimas exigen que se siga investigando para esclarecer esos crímenes y piden además que no haya ningún cambio en la política penitenciaria respecto a los cerca de 300 presos de ETA si éstos no colaboran con la Justicia para aclarar los asesinatos pendientes.

Y es que en el terreno político, el otro gran debate que ha seguido a la disolución de ETA ha sido el del posible acercamiento de presos de la banda terrorista a cárceles próximas al País Vasco.

El Gobierno sostiene que no hay cambios y que está haciendo una aplicación estricta de la ley con un tratamiento individualizado en función de requisitos como que no se hayan cometido delitos de sangre, se haya manifestado arrepentimiento, se haya cumplido una parte importante de la condena o se trate de presos que padezcan alguna enfermedad.

Con ese criterio se han producido una decena de traslados en los últimos meses del año, que han contado con la oposición de PP y Ciudadanos, que están en contra de los acercamientos con el argumento de que suponen una ofensa para las víctimas.

No obstante, las principales asociaciones de víctimas consideran que, siempre que los traslados se ajusten a la legalidad, se les avise con antelación y no se permitan homenajes, no tendrán nada que decir a los acercamientos aunque no les gusten.

El año acaba y cada vez se habla menos de ETA; el reto está en que la sociedad vasca y española se asegure de que, a los que no los vivieron, les llegue la verdad de sesenta años de terror contra la convivencia. EFE

lss

(Colección: www.lafototeca.com url:http//bit.ly/1mdWQke)