La defensa del rapero Pablo Hasél, encarcelado desde el 16 de febrero en el Centre Penitenciari de Ponent de Lleida, ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión de la pena y la puesta en libertad del cantante argumentando los expedientes de indulto pendientes de trámite y la voluntad del Gobierno de revisar el Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión no tengan cárcel.

En su escrito, consultado por Europa Press, el letrado, Diego Herchhoren, menciona las solicitudes de indulto del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y de la Academia Catalana de la Música.

La Audiencia Nacional comunicó el 5 de marzo a la defensa la declaración de insolvente del cantante y que, a su condena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo y por no pagar la multa de unos 29.000 euros, se suman seis meses más por injurias y calumnias contra a la Corona, y siete más por injurias y calumnias contra instituciones del Estado.

Tras la detención y el encarcelamiento de Hasél se produjeron protestas en diversas ciudades catalanas que, según el conseller de Interior, Miquel Sàmper, acabaron con 375 contenedores quemados, 152 locales comerciales saqueados y daños en 25 otros, 27 heridos, 136 detenidos y 73 agentes lesionados.

Dos días después de que el rapero fuera detenido, la Audiencia de Lleida confirmó una sentencia del juzgado penal número 3 por la que Pablo Hasél fue condenado a dos años y medio de prisión por un delito de obstrucción a la justicia y por amenazas a un testigo.