La defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha dicho de forma rotunda que "el único órgano que podía suspender los pagos" de las ayudas de los ERE que durante diez años dio la Junta "era la Intervención", tras rechazar que Hacienda fuera un "órgano plenipotenciario" de control.

El catedrático Víctor Moreno Catena ha continuado exponiendo su informe final para defender la inocencia de Aguayo, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusada de prevaricación y malversación junto a otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

Ha dicho que las ayudas de los ERE "se pudieron y debieron someter a fiscalización" y la Intervención conocía esas ayudas y cómo se estaban tramitando y "no utilizó ni el mecanismo de reparo ni de suspensión" que la ley pone a su disposición.

Por contra, ha negado que corresponda a la Consejería de Hacienda el control del modo de gestión del gasto por parte de los distintos órganos de la Junta, pues su labor se concentra en la fase de presupuestación, que nada pretedermina al respecto.

Un Presupuesto que finalmente aprueba el Parlamento, cuyos diputados tenían información clara, a su juicio, de que las ayudas investigadas las concedía la Consejería de Empleo y las pagaba a través de la agencia pública IDEA mediante transferencias de financiación, rechazando la tesis acusatoria del "engaño" a la Cámara porque los diputados "no son débiles mentales".

Moreno Catena ha defendido que es el órgano que concede las ayudas, la Dirección General de Trabajo, quien decide qué instrumento financiero usa, en este caso las transferencias de financiación a IDEA para que las pague, sin que ello impida fiscalizar las ayudas, "jamás" la Intervención estableció en sus informes relación de causalidad entre ambas cosas.

Para la defensa de Aguayo, "ha quedado meridianamente claro" que la Intervención conocía desde 2001 la existencia de estas ayudas y cómo se pagaban, y desde 2003 -en que analizó una muestra de 20 expedientes y elaboró un informe adicional- indicó que en la Consejería de Empleo se estaban dando prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Un informe dirigido a la Consejería de Hacienda como los "856 informes, 630 de ellos de control financiero permanente de empresa públicos" recibidos en este departamento del 2004 al 2013 -periodo e en el que Aguayo fue viceconsejera y concesejera-, por lo que, a juicio del letrado, es "irrazonable" pensar que los leyera y conociera a fondo pues no era su cometido.

Este "diabólico informe" hablaba de "inadecuación" del uso de transferencias para pagar las ayudas pero no de ilegalidad y de "deficiencias contables", nada "tan grave" como para haber elaborado un informe de actuación que obligara al Consejo de Gobierno a actuar ni para paralizar las ayudas.

De hecho, la Intervención siguió informando favorablemente a las transferencias de financiación de Empleo a IDEA, nunca volvió a pedir una muestra de expedientes para hacer un seguimiento del procedimiento usado, y en ese momento no se hablaba en los informes de "intrusos ni pagos gruzados".

Moreno Catena ha apelado también a la "indefensión" de Aguayo pues "este letrado no sabe exactamente qué se le imputa", seguramente porque "las acusaciones no han logrado articular la prevaricación y la malversación".

"La oscuridad en que se encuentra esta defensa es de eclipse total", ha criticado, tras pedir la absolución por esta vulneración del derecho de Aguayo a un proceso con todas las garantías y a la defensa.