La tramitación como proyecto de ley del decreto que redactó el Gobierno tras la quiebra del turoperador Thomas Cook ha llevado al Congreso a un escenario completamente inédito, ya que es la primera vez que debe afrontar un procedimiento así en pleno periodo electoral, a 40 días de la constitución de las nuevas Cortes.

Ayer, la Diputación Permanente del Congreso convalidó tres reales decretos-leyes, es decir, les dio su aval para que sigan vigentes.

Pero uno de ellos registró una peculiaridad: se tendrá que tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, es decir, los grupos podrán modificar el contenido a través de enmiendas.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Efe que es la primera vez que se tiene que tramitar así, en el Congreso y en periodo electoral, un decreto-ley.

Como no hay precedentes, los servicios jurídicos de la Cámara deberán marcar los cauces; lo que ya está claro, explican las fuentes consultadas, es que se puede hacer, pues constitucionalmente es viable.

Las dudas provienen del cómo hacerlo y durante cuánto tiempo.

Las Cortes Generales de la próxima legislatura, la XIV, se formarán el 3 de diciembre, por lo que en teoría ésta es la fecha tope para completar el proceso parlamentario del decreto-ley sobre Thomas Cook.

Porque el Congreso y el Senado están ahora disueltos precisamente por ser periodo electoral desde el 24 de septiembre, el día en que entró en vigor el decreto de convocatoria de los comicios del 10 de noviembre.

Ello supone que los órganos que deben regir los asuntos parlamentarios son las diputaciones permanentes, así que serán estos los que tengan que supervisar la tramitación del decreto sobre Thomas Cook.

Existe una aproximación de los servicios jurídicos del Congreso a cómo podría ser la tramitación, ya que la Mesa de la XII legislatura, la que tuvo a Ana Pastor de presidenta, pidió a los letrados un informe ante la posibilidad de que alguno de los decretos-leyes que vio la Diputación Permanente en marzo pasado, también en periodo electoral, se convirtiera en proyecto de ley.

Ese informe, además de avalar la viabilidad de un proceso que no tiene precedentes, indica que tiene que ser la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso la que defina los plazos del procedimiento de urgencia.

Igualmente, advierte de que si se producen cambios en el articulado porque una enmienda sale adelante, el texto tendrá que ir al Senado, es decir, a su Diputación Permanente.

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En dicho informe, al que tuvo acceso Efe, figura un matiz a tener en cuenta: la tramitación sólo puede durar hasta el día antes de la constitución de las nuevas Cortes.

En la sesión de ayer de la Diputación Permanente, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia salió adelante por 35 votos a favor y 25 en contra; entre los partidarios de ese trámite, el PP, Cs y Unidas Podemos.

El decreto-ley incorpora, entre otras medidas, una línea de financiación de 200 millones de euros para las empresas afectadas por la quiebra del turoperador británico, más otras de hasta 500 millones para el sector en general.

Los grupos de la oposición coincidieron en resaltar que tales medidas son "insuficientes".