El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha rechazado amparar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al determinar que los autos del Tribunal Supremo que decretaron su prisión provisional tras ser procesada por rebelión no vulneraron sus derechos fundamentales.

Tras avalar el tribunal el pasado mes de noviembre la prisión preventiva del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ésta es ya la tercera decisión en el mismo sentido que toman los magistrados con respecto al encarcelamiento provisional de un acusado por el "procés".

Y la segunda este miércoles, cuando el pleno también ha rechazado, por 10 votos a 2, los recursos del ex líder de ANC Jordi Sànchez contra los autos del Supremo que acordaron mantenerle en prisión preventiva y que rechazaron excarcelarle para que acudiese a la sesión de investidura del Parlament en la que se presentaba como candidato en marzo de 2018.

Aunque la decisión del TC respecto a Junqueras y Sànchez no fue unánime, en esta ocasión, según el fallo adelantado por el tribunal, los magistrados han dictado sentencia con el voto favorable de todos ellos.

Rechazan de este modo los jueces que el instructor de la causa del "procés", Pablo Llarena, y la Sala que revisaba sus decisiones hayan vulnerado los derechos de Forcadell al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías.

El TC ha evaluado el auto con el que Llarena envío a prisión a la expresidenta del Parlament y a otros líderes independentistas en marzo de 2018, tras procesarles por rebelión (finalmente ha sido condenada por sedición), y también la resolución con la que la Sala avaló al magistrado.

Los magistrados avalan la decisión del magistrado por la que de oficio acordó celebrar la comparecencia de prisión tras el auto de procesamiento.

Llarena se basó en el "grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" de Forcadell dadas las penas a las que entonces se podrían enfrentar y consideró que su reciente renuncia al acta de diputada no despejaba "la posibilidad" de que persistiera "la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales", ni excluye que los procesados pudiesen "realizar aportaciones a esa intención".

Dos meses más tarde, la Sala ratificó su prisión provisional al contemplar también el riesgo invocado por Llarena.