La Mesa del Congreso ha encargado hoy, a instancias de la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, un informe jurídico sobre la legalidad de la tramitación parlamentaria de la senda de déficit público para 2019 que ha propuesto el Gobierno y que se llevará al pleno del jueves de la próxima semana.

Así lo han informado fuentes parlamentarias, que han asegurado que ningún grupo, tampoco el PSOE, se ha opuesto formalmente en la reunión de la Mesa a que se elabore ese informe.

No obstante, la solicitud de ese informe a los servicios jurídicos del Congreso no paraliza la tramitación de la senda de déficit del Ejecutivo, cifrada en el 1,8 por ciento del PIB, el mismo objetivo que rechazó el pleno de la Cámara el pasado mes de julio.

Las dudas jurídicas surgen con la aplicación literal de la Ley de Estabilidad, que en su artículo 15 señala que "en el primer semestre de cada año" el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestario y añade que, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, "en el plazo máximo de un mes", remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

Sin embargo, el Ejecutivo ha tardado más de cuatro meses en volver a llevar al Congreso esa senda de déficit -la misma cifra que la rechazada en julio-, lo que genera reparos sobre la legalidad de su tramitación parlamentaria.

En la votación de julio, el Gobierno sólo recibió el apoyo del PNV, ya que PP, Cs, CC, Foro Asturias y UPN votaron en contra, mientras que la mayoría de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy se abstuvieron.

No parece que la situación política actual sea propicia para que esos objetivos puedan aprobarse ahora.

Unidos Podemos, por ejemplo, dejó ayer la puerta abierta a un posible apoyo, aunque ha avanzado que la decisión final la tomará el grupo parlamentario confederal.