El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y siete meses de prisión a un técnico especialista en desactivación de explosivos (tédax) del Ejército de Tierra, por apropiarse de informes y documentos reservados para emplearlos en curso de formación en su empresa familiar.

La Sala de lo Militar ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que rechaza el recurso del condenado contra la resolución del Tribunal Militar Territorial Cuarto por un delito de revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales.

La mujer del condenado era la administradora única de la empresa Eoditec Special Services y él figuraba como apoderado, justo cuando estaba destinado en el Goloso (Madrid), como tédax.

La empresa, fundada por especialistas en desactivación de artefactos explosivos, se dedica, entre otras cosas, a la consultoría, acción contra las minas y desmilitarización y tenía como colaborador habitual a un sargento de la guardia civil, destinado como jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) de la Comandancia de Valladolid.

En julio de 2016, la empresa solicitó la obtención de la "condición de consumidor habitual de explosivo civil para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la eliminación, así como tareas de formación". En la documentación figuraba como director general y responsable de todas las actividades para las que solicitan la autorización el condenado.

A raíz de dicha solicitud, la Guardia Civil hizo una inspección a las instalaciones de la empresa donde halló diverso material de guerra, con certificados expedidos por ambos militares, según los cuales se trataría de material inerte para ser empleado en formación.

Pero, además, entre las actividades formativas figuraba un programa en el que constaban, como materias a impartir a los alumnos, explosivos caseros, explosivos civiles o explosivos militares, cuando el marco legal español no prevé la prestación de este tipo de servicios en el ámbito de la seguridad privada.

Y que respecto a los documentos, datos, informaciones y objetos relativos a desactivación de explosivos "la formación que se imparte podría ser constitutiva de un delito de violación de secretos".

Como consecuencia de la inspección, la Guardia Civil el 20 de abril de 2017 efectuó la entrada y registro en la sede y domicilio de la empresa, previa autorización judicial, en la que hallaron 24 archivos con informes y documentos que tenían la clasificación de "equivalente a reservado" o "reservado".

Igualmente se encontró un archivo con las conferencias impartidas en el Centro de Adiestramiento en Desactivación de Artefactos Explosivos (CADEX) y que se corresponde con las sesiones desarrolladas en los cursos de Técnico en Desactivación de Artefactos Explosivos que imparte ese centro de la Guardia Civil.

La empresa impartió, además, cursos de formación en desactivación de explosivos a personal militar chileno, sin la colaboración ni participación del Ministerio de Defensa.