La posición de las redes sociales como generadoras de opinión pública las han convertido durante los últimos años en una nueva pretensión para el control político. La responsabilidad de las plataformas respecto a los contenidos publicados por sus usuarios, el equilibrio que debe hacerse cuando dos derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y el derecho al honor chocan frontalmente entre sí o la propuesta de un nuevo Reglamento de Servicios Digitales, son solo algunas de las cuestiones que siguen imposibilitando que se asienten las bases para una legislación que garantice la libertad del usuario.

“La tensión se origina cuando Twitter interpreta que determinados contenidos vulneran sus propias políticas de uso y toman medidas para hacer cumplir estas reglas. La prohibición o la censura de publicación que ha pesado recientemente sobre la cuenta del torero Morante de la Puebla, o incluso sobre la suspensión de la cuenta de VOX o de Donald Trump obedecen a esta interpretación que hace Twitter sobre sus normas de uso”, ha declarado a COPE Alejandro Sánchez del Campo, abogado y director del Máster en Derecho Digital del ICAM.

"En caso de fricción, debe de imperar siempre la libertad de expresión", asegura el experto, y denuncia que "si perdemos esa libertad de expresión, o aceptamos la autocensura o la vigilancia de estamentos públicos sobre nuestro discurso, puede conducirnos a un escenario muy peligroso".

Para el experto, la legislación española dispone ya de una auténtica garantía que certifica la libertad de expresión de los ciudadanos españoles en sus perfiles en redes sociales: la Constitución española. "La legislación española ya es lo suficientemente clara respecto a la libertad de expresión, y me refiero a ese artículo 20 de nuestra Constitución. Es un derecho fundamental sobre el que no puede pesar ningún tipo de censura previa. Aunque Twitter o cualquier red social apele a sus políticas de uso, estas no pueden estar por encima de nuestra norma suprema", asegura Sánchez del Campo.

En el debate confluyen otras cuestiones, sobre todo las que concierne a la responsabilidad de estas plataformas sobre lo que publican sus usuarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información determina quien es el responsable de las publicaciones en Internet. El caso español, que data del año 2002, "dice que los intermediarios –es decir, una red social— no son responsables del contenido. A día de hoy está claro que esas redes no son medios de comunicación, por lo que según la normativa Internet no tiene responsabilidad por esos contenidos".

El debate, el origen de la tensión, se sitúa para muchos expertos en que las redes sociales interpretan que tienen que ir más allá de la normativa vigente en cada país para prevenir discursos de odio, promover una conversación saludable o para luchar contra las fake news.

En este sentido, Sánchez del Campo asegura que "no deberíamos de dejar en manos de terceros que se pueda censurar un contenido legal. Porque si es ilegal, si se está ofendiendo o injuriando, la intervención es legítima. Pero si el contenido es legal, como la de un diestro toreando, no debería de censurarse. De este modo estamos corriendo el riego muy peligroso de que las normas las interpreten no los jueces, sino esos terceros como puede ser la red social o el discurso dominante".

Manuel Mariscal, vicesecretario de Comunicación de Vox, se ha convertido en uno de los referentes en la comunicación política a través de las redes sociales en España. El diputado nacional por la provincia de Toledo, en declaraciones a COPE, ha alertado de que "algunos analistas consideran que las redes sociales han pasado de democratizar el acceso a la comunicación de masas a ser una herramienta del poder político para controlar la opinión pública, que es lo que estamos viendo con el cierre de cuentas como las de Donald Trump u otras personas influyentes en el mundo conservador. En España, hemos vivido esta censura con el cierre de la cuenta nacional de Vox, que ha sido suspendida temporalmente en dos ocasiones".

Respecto a esa involución que están viviendo las redes sociales y que las está transformando de ser una herramienta para poder influir en la política sin necesidad de tener un gran medio de comunicación a convertirse en una herramienta que ya está siendo utilizada por el poder político para controlar esa opinión pública, Mariscal ha denunciado que "es algo muy preocupante” porque supone “restringir determinadas libertades a los ciudadanos".

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Mariscal ha defendido que "desde Vox pretendemos que se proteja el artículo 20 de la Constitución Española para que los ciudadanos españoles puedan ejercer ese derecho en las plataformas de redes sociales".

El peligro, para el vicesecretario de Comunicación del partido que preside Santiago Abascal, reside en que "los fundadores y los CEO de estas plataformas tienen una ideología y han decidido aplicar ese sesgo ideológico en sus plataformas". Mariscal incide en esta idea, y es que según él "debemos de distinguir aquí una cuestión, y es que quien debe proteger al ciudadano es el Estado. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha bendecido las posibilidades de que las plataformas censuren a sus ciudadanos".

"La libertad de expresión tiene unos límites que no se corresponde con los límites que se aplican en Twitter, Facebook, YouTube o Instagram. ¿Por qué se censura la imagen de Morante de la Puebla si el toreo es una actividad legal en España? Es más, ¿por qué los 52 diputados de Vox podemos alertar a los ciudadanos de los riesgos que conlleva la inmigración ilegal y esto mismo no lo podemos decir en redes sociales?", denuncia.

"El Gobierno español está utilizando la pandemia para restringir libertades"

El Congreso de los Diputados, con el voto en contra de PP y Vox, aprobó el pasado mes de octubre una iniciativa de Unidas Podemos por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata.

En aquel momento, Manuel Mariscal ya acusó al Gobierno de "atentar" contra la libertad de expresión, y advirtió de que "quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos".

En este sentido, Mariscal también ha querido matizar que "ese ‘discurso de odio’ que utiliza la izquierda para legitimar esa censura encierra todo aquello que contradiga su agenda ideológica. En esa expresión de ‘discurso de odio’ se incluye todo aquello que contradice sus políticas ideológicas".

La alternativa para el político de Vox debe de perseguir el ejemplo de las políticas que "se están produciendo en Polonia", donde el Gobierno "está legislando precisamente al sentido contrario, es decir, está tratando con las plataformas de las redes sociales que no pueden censurar a los ciudadanos cuando estos publican algo que no incumple la normativa polaca en relación con la ley de la libertad de expresión, a pesar de que ningún derecho es absoluto".

Mariscal ha defendido también que gracias a la estrategia de comunicación del partido "los españoles conocen la realidad de los ‘menas’ en España y lo que supone para muchos españoles tener centros de ‘menas’ en sus barrios".

"Nosotros no tenemos el BOE, no estamos en el Gobierno, y no podemos desplegar medidas políticas ejecutivas. Pero sí podemos seguir defendiendo a los españoles tanto en el Congreso de los Diputados como ante la Justicia. Los españoles tienen nuestro compromiso de que cuando tengamos la posibilidad de legislar, lo haremos defendiendo la soberanía de España frente a estas empresas multinacionales que pretenden limitar derechos fundamentales de los españoles", subraya el vicesecretario de Comunicación de Vox.

"Vamos a acabar con la censura y también con la autocensura que se aplica en muchos medios de comunicación debido a esa publicidad institucional que el Gobierno de España ha desplegado durante los últimos meses. ¡Esto es un auténtico escándalo!", sentencia.