El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) ha negado hoy que abusara de su cargo para que se anularan sendas multas de tráfico impuestas a su esposa y a sus hijos en 2012, y ha apuntado que las conversaciones que mantuvo con el jefe de la Policía Local sobre esas sanciones fueron malinterpretadas.

En la sección décima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra Manuel Bustos, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación por dos delitos de tráfico de influencias por dar presuntamente indicaciones a la Policía Local para que cancelara las multas de sus familiares.

La causa se deriva de las intervenciones telefónicas practicadas en el marco del caso Mercurio, una investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) que se dividió en una treinta de piezas -varias de ellas contra Bustos-, de las que cerca de la mitad han sido archivadas.

Por la supuesta anulación de las multas a la esposa y los hijos del exalcalde de Sabadell se sientan también en el banquillo Josep Miquel D., exintendente de la Policía Local que supuestamente llevó a cabo las gestiones para retirar las multas y para quien la Fiscalía pide seis años y medio de cárcel, así como el excoordinador de Espacio Público del municipio Xavier I., que afronta una multa de 1.800 euros.

En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que Bustos telefoneó el 28 de marzo de 2012 al intendente de la Policía Local para pedirle que "arreglara" la multa que un inspector del servicio municipal de grúa había impuesto al vehículo de su esposa, por estar estacionada en una parada de transporte público.

Tras esa llamada telefónica, añade el escrito, el exintendente de la Policía Local dio las órdenes necesarias para que la sanción de tráfico no prosperara, indicando a un subalterno suyo que procediera a anularla por adolecer de "vicios probatorios".

En el segundo de los casos, ocurrido en junio de 2012, la Fiscalía mantiene que Bustos llamó al exintendente y al también acusado Xavier I., amigo personal de la familia, para que "solucionara" un asunto, después de que la grúa municipal se llevara el coche que utilizaban dos hijos del exalcalde, porque estaba estacionado en una zona de carga y descarga.

Ambos acusados, añade la Fiscalía, atendieron directamente a los hijos de Manuel Bustos hasta conseguir que recuperaran su coche sin coste económico alguno, para lo que el exintendente abonó la tasa de retirada de vehículo -que ascendía a 133,50 euros-, con dinero de la caja de ese cuerpo policial.

En su declaración en el juicio, Bustos se ha negado a responder a las preguntas relacionadas con las conversaciones telefónicas que sustentan la acusación, dado que su defensa las ha impugnado ante el tribunal al considerar que son nulas tanto las escuchas como la investigación que se deriva de ellas.

No obstante, el exalcalde ha aclarado que "en ningún caso" dio instrucciones a la Policía Local para anular las multas y, tras esgrimir numerosas sanciones de tráfico que tanto él como sus familiares han pagado debidamente, ha apuntado a que la acusación de la Fiscalía es fruto de malentendidos sobre esas conversaciones.