La Audiencia rechaza el intento de excúpula de iDental de suspender el juicio

La Audiencia Nacional ha rechazado el intento de algunas defensas del juicio a siete exdirectivos del Grupo iDental, acusados de defraudar a la Seguridad Social más de 23 millones de euros, de suspender la vista al decidir la Sala que cuestiones como la posible nulidad de intervenciones telefónicas se resuelva en sentencia.

La Audiencia Nacional ha iniciado este martes con cuestiones previas el juicio a la excúpula de iDental por delito contra la Seguridad Social, una pieza separada de la principal, aún pendiente de juicio, por presunta estafa y otros delitos por los que se vieron perjudicadas decenas de miles de personas tras el cierre de los 24 centros del grupo.

En sus conclusiones provisionales el fiscal pide seis años de prisión para los creadores en 2015 de este grupo empresarial de clínicas y talleres dentales, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castaner Blasco.

La Fiscalía solicita la misma pena para tres acusados que compraron a los anteriores las empresas de la marca iDental, Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López.

Finalmente reclama tres años de cárcel para dos subordinados de los anteriores que participaron en las sociedades, José Luis González Sánchez, que figura como responsable de la matriz del grupo iDental desde 2017, y Domingo Bejarano Calabuig, a los que el fiscal considera cooperadores necesarios del delito.

El fiscal reclama para todos ellos multas de entre 3,5 millones y 90,3 millones de euros e indemnizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social en un total de más de 34 millones de euros por la cantidad defraudada más los recargos e intereses.

El letrado de Luis Sans, a algunos de cuyos argumentos se han unido otras defensas, ha pedido la suspensión del juicio al estimar que dada la complejidad de la causa no ha tenido tiempo suficiente para prepararlo y al no poder acceder a toda la documentación.

El abogado ha estimado que igualmente debe suspenderse la vista para que las defensas puedan consultar la documentación complementaria presentada este mismo martes en la vista por la abogada del Estado en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

También ha alegado la nulidad de las intervenciones de las conversaciones telefónicas acordadas ya que además estima que conculcaron en algún caso el derecho de confidencialidad en las comunicaciones entre abogado y cliente y ha considerado que antes del juicio habría que resolver esta cuestión al entender que la mayoría de las pruebas de cargo procede de las mismas.

El presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha rechazado la pretensión de la defensa y ha advertido de que puede suponer "mala fe" y "abuso de derecho" cambiar de letrado y pretender una suspensión del juicio para realizar una nueva instrucción de la causa.

Y les ha advertido a las defensas: "Vamos a celebrar el juicio, mentalícense", y en otro momento ha añadido: "Vamos a empezar, que es lo que no quieren".

En cuanto a la documentación aportada al inicio del juicio por la letrada del Estado el magistrado ha recordado que "se pueden traer documentos hasta el momento de la vista, que es lo que ha hecho la Seguridad Social" y luego será el tribunal el que valore si constituyen o no prueba de cargo a la vista del desarrollo del juicio.

El defensor de Sans ha pedido que su representado declare al final del juicio, es decir tras la comparecencia de testigos y peritos, y una vez que lo hayan hecho los demás acusados.

En ese momento el presidente de la Sala le ha interrumpido para hacerle ver: "Si todos piden ser el último, ¿quién declara, yo?".

Posteriormente ante la larga duración de la intervención de este letrado Guevara le ha pedido que abreviara aunque ha aclarado: "Me quedan seis años para jubilarme, tenemos sesiones todos los días, no tengo otra cosa que hacer y me pagan por ello".

La Sala ha accedido a que los acusados declaren al final del juicio, una vez que lo hayan hecho testigos y peritos, pero ha dejado para el momento de la sentencia el análisis sobre la validez o nulidad de la intervención de conversaciones telefónicas.