La Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) insiste en la presunta implicación del líder del frente polisario, Brahim Gali, en crímenes de lesa humanidad, y para probarlo ha pedido al juez que acuerde nuevas diligencias, entre ellas la toma declaración a supuestas víctimas.

Después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señalara la falta de indicios contra Gali al rechazar imponerle medidas cautelares solicitadas por los querellantes como la prisión o la entrega de su pasaporte, Asadeh ha creído procedente que se amplíe la "práctica de las diligencias probatorias".

También lo hizo hace semanas la representación legal del activista Fadel Breica, quien también tiene una causa abierta contra Gali, y que solicitó al juez que le tomase declaración a él, a su mujer y a otras dos personas que fueron detenidos con él en los campos polisarios de Tinduf (Argelia) en 2019, según indican a Efe fuentes jurídicas.

En su caso, la asociación ha pedido la testifical de tres personas, una mujer y dos hombres: Saadani Maoulani -de la que pide unir a la causa una pericial psicológica-, Dahi Aguai y Babouzid Mohamed Salem.

Los dos primeros figuran como acusación junto a Asadeh en la querella interpuesta en 2007 en la Audiencia Nacional contra dirigentes del Frente Polisario, entre ellos Gali.

Para la asociación es pertinente su testimonio para que ellos mismos aclaren la "existencia de lo narrado" en la querella y para que identifiquen a los querellados que les torturaron.

La defensa de Gali ha pedido por su parte el archivo de la causa al entender que las acusaciones contra él obedecen a intereses espurios de carácter político.

Sobre uno de los querellantes de los que Asadeh pide su comparecencia, Dahi Aguai, el abogado de Gali, Manuel Ollé, señala en el escrito en el que pide el archivo que la imputación de torturas que formula en su relato es "genérica e inconsistente".

Observa que no describe las supuestas torturas, ni cuándo se produjeron, ni tampoco ofrece datos de sus presuntos torturadores y al ratificar la querella en sede judicial, destaca que no mencionó a Gali.

El abogado también critica la inconsistencia de atribuirle un delito de genocidio, ya que el propio Gali "tendría la consideración de saharaui pro español; y, por tanto, pertenecería al grupo de las víctimas y no de los victimarios", y recuerda que, según un auto del juzgado central de instrucción número 5, el único genocidio cometido es el de las autoridades civiles y militares "contra el pueblo saharaui".

A este respecto Asadeh ha difundido un escrito en el que sostiene que los crímenes de lesa humanidad los reconoció el antiguo secretario general del Polisario Mohamed Abdelaziz en su octavo Congreso en 1989 ante los congresistas participantes, considerando a los fallecidos y desaparecidos en las cárceles clandestinas como "mártires", y prometió la reparación de los supervivientes de los años de plomo en el Polisario de 1974 a 1988.

En lo referente a Brahim Gali, añade, en contra de lo que dice su defensa era ministro de Defensa del Polisario y una de las direcciones más importantes de este ministerio era la temida Dirección de la Seguridad militar que dependía "directamente de él y las cárceles clandestinas donde se torturaba y se sometía a los detenidos a las más salvajes torturas".