El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos del Senado, Luis Aznar, entiende que la Fiscalía de Madrid ha ratificado el deber de declarar que tienen los citados a comisiones parlamentarias de investigación y ampara la labor indagatoria que llevan a cabo.

Aznar ha confirmado, en declaraciones a EFE, que la comisión de la que es portavoz continuará con sus pesquisas sobre las cuentas de los demás partidos, como hasta ahora, pese a que la Fiscalía ha archivado la denuncia contra una compareciente convocada en octubre pasado que se negó a contestar a sus preguntas.

En este caso, subraya el senador, el Ministerio Público ha archivado las diligencias al avalar la primacía del derecho constitucional a no declarar contra uno mismo sobre el derecho de información de la comisión.

Y ello porque, según la Fiscalía, la compareciente, Lucía Pascual, "guardó silencio al poner de manifiesto que su abogado le había comentado que iba a ser llamada a declarar en procedimiento judicial y reiteradamente alegó que no iba a contestar a las preguntas que se le hacían porque podían perjudicarle".

Pero más allá de este caso concreto, el portavoz del PP hace hincapié en que la Fiscalía de Madrid "admite la obligación de declarar ante las comisiones de investigación, advirtiendo que, aun no estando expresamente establecida, es inherente al deber de comparecer y a la propia actividad y finalidad de estas comisiones".

En uno de los párrafos del decreto de archivo, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, explica que, "respetados los derechos fundamentales del compareciente, éste estará obligado a responder las preguntas que le formulen los miembros de la Comisión de Investigación Parlamentaria".

Además, Luis Aznar añade que la Fiscalía "recuerda la obligación de veracidad en estas declaraciones, señalando que el Código Penal sí prevé sanción específica" tanto si no se dice la verdad como si el citado no comparece.

En este supuesto, advierte el escrito de la fiscal, la Comisión "no tiene posibilidad de acceder a la información que pudiera proporcionarle la eventual declaración" y se pondría "en peligro" su facultad de ejercer la función de control.

Con todas estas consideraciones, el portavoz del PP concluye que queda amparada la actuación de estas comisiones, y asegura que "podrán dirigirse a la Fiscalía en caso de poder probarse falta de veracidad en las declaraciones de los comparecientes".

En cuanto a los límites constitucionales que el Ministerio Público apunta que deben acompañar la obligación de declarar, Aznar sostiene que "en todo caso se han respetado" en la comisión que desde junio de 2017 investiga en el Senado las finanzas de los partidos y a la que fue convocada Lucía Pascual.

El senador no ve, en cualquier caso, motivos para que la comisión no continúe con sus comparecencias, que tras el paréntesis de enero proseguirán el jueves 15 con las declaraciones de un exdirector y dos ingenieros de la empresa pública Acuamed.

Con estos testimonios el PP quiere avanzar sus indagaciones sobre los vínculos entre el llamado "caso Acuamed" y la supuesta trama de financiación ilegal del PSPV de 2007 a 2011, la misma por la que fue convocada Lucía Pascual, extrabajadora de la empresa valenciana Crespo Gomar, situada en el centro de esta trama.