La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo el procedimiento contra la concejal de la CUP Capgirem Barcelona Maria Rovira por un presunto delito de injurias graves contra los Mossos d'Esquadra al acusarles de ejecutar sin juicio a los yihadistas que atentaron en Cataluña.

Según ha informado este viernes el partido en un comunicado, la Audiencia considera que las expresiones usadas por Rovira en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona son una muestra de libertad de expresión: "La evidente voluntad política de oponerse a las menciones honoríficas --que iban a otorgarse a los policías-- excluye la concurrencia de una clara intención de injuriar".

El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ya había archivado la causa contra Rovira, investigada por sus manifestaciones durante el pleno municipal del 8 de septiembre de 2017, en el que cuestionó la "ejecución extrajudicial de seis personas", en referencia a los terroristas que fueron abatidos por los Mossos durante la operación tras los atentados del 17 y 18 de agosto.

También afirmó ese día, en el que se proponía en el pleno de Barcelona otorgar las medallas por la actuación policial tras los atentados, que la Guardia Urbana de Barcelona era el "brazo ejecutor del racismo institucional" por sus actuaciones contra los manteros, por lo que posteriormente tres sindicatos policiales denunciaron los hechos: el SPC, de Mossos, y Csif y Sapol, de la Urbana.

El juez de instrucción archivó al enmarcar sus expresiones en el debate sobre la concesión de medallas en el pleno "en el ejercicio de la libertad de expresión que le marca su mandato como concejal portavoz de la CUP, para cargarse de razones en contra de la propuesta sometida a debate", pese a que se pueda estar en profundo desacuerdo con ellas.

La CUP-Capgirem Barcelona ha celebrado la decisión de la Audiencia porque "el ejercicio de la libertad de expresión no puede ser perseguido penalmente y menos cuando se trata de la denuncia hacia unos cuerpos policiales represivos".

Asimismo, han lamentado el "uso instrumental del sistema penal por los sindicatos policiales, con la intención de hacer callar aquellas personas que denuncian sus malas prácticas, intentando poner luz donde hay sombras".