Un total de 57 acusados se han conformado hoy con penas de entre casi cinco años de prisión, la más alta, y seis meses y un día de cárcel, la menor, durante un juicio por estafas celebrado en la sede de la Feria de Valladolid, a la que no han acudido otros cuatro encausados, declarados en rebeldía.

Los hechos por los que se ha desarrollado la vista oral, por los que el próximo 29 de octubre tendrá que comparecer otro encausado y ratificar o no su conformidad con la pena que se pacte, han abarcado delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad, estafa, extorsión y receptación.

En principio, iban a ser 65 los encausados, aunque finalmente han sido 57 los que se han sentado hoy en el banquillo y han expresado su conformidad con las penas pactadas por la Fiscalía y las defensas, con las que también han estado de acuerdo las cinco acusaciones particulares personadas.

Otros cuatro de los 65 procesados en la Operación Árbol se encuentran en busca y captura, en rebeldía; a otros tres se les ha retirado la acusación en su contra y uno más acudirá a la Audiencia de Valladolid el 29 de octubre para confirmar si acepta el acuerdo entre fiscal y defensa en su caso, han detallado a Efe fuentes jurídicas.

El juicio se ha desarrollado por primera vez en la Feria de Valladolid, fuera del habitual recinto de la Audiencia Provincial vallisoletana, debido a la cantidad de acusados y de letrados defensores -34-, además de las acusaciones pública y particulares.

Los hechos por los que formuló acusación el fiscal, que provisionalmente demandaba penas que suman unos doscientos años de prisión, ocurrieron a partir de 2012, año en el que comenzó a operar en distintas provincias de Castilla y León un grupo criminal de modo permanente, estable, jerarquizado y con reparto de funciones, dedicado al fraude de prestaciones por desempleo a la Seguridad Social.

También dirigían sus actividades a la defraudación de empresas de suministros de productos, bienes y servicios y a dedicar sus entidades de financiación a adquirir esos bienes mediante la compra financiada con nóminas falsas, según la acusación del ministerio público.

Miguel Ángel M.D., quien finalmente ha sido el que ha aceptado una pena mayor, de casi cinco años, ha sido el primero en ratificar después de su letrado que aceptaba el acuerdo entre la acusación pública y la defensa.

Tras él, el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, ha ido preguntado a cada letrado y a cada encausado si estaban conformes con los términos del acuerdo convenido entre el ministerio público y sus defensas.

De esta forma, una vista que estaba programada en principio para siete sesiones, ha concluido en una sola jornada, en la que también abogados y acusados han expresado su intención de no recurrir la sentencia que se imponga.