El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en el que están representados los 83 Colegios de la Abogacía del país, exige al Ministerio de Justicia y a los letrados en huelga que intensifiquen sus negociaciones para alcanzar un acuerdo inmediato que ponga fin al paro indefinido iniciado el pasado 24 de enero.

"La prolongación de este grave conflicto muestra una vez más que es imprescindible avanzar en la cultura del acuerdo", señala la Abogacía Española en un comunicado difundido este martes, en el que instan a las partes -cuyo diálogo se encuentra roto- a "establecer un calendario acelerado y continuado de negociaciones encaminado a conseguir, lo antes posible, el acuerdo".

Mientras este se consigue, los abogados piden el cumplimiento "efectivo" de los servicios mínimos por parte de los letrados de la administración de Justicia y de la adecuada supervisión de estos por parte del Ministerio.

Además, reclaman a los antiguos secretarios judiciales que apliquen "criterios homogéneos" en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una "antelación suficiente", nunca inferior a 48 horas.

Esta es, afirman, "la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía" y de evitar mayores perjuicios.

La huelga, que dura ya más de 8 semanas, "está generando una situación insostenible para el servicio público de justicia y, consiguientemente, un irreparable perjuicio a decenas de miles de personas", denuncia la Abogacía.

Según los últimos datos facilitados por el comité de huelga, el paro deja por el momento 371.000 demandas pendientes de reparto, 311.500 juicios suspendidos y alrededor de 1.100 millones de euros paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones de los juzgados está a punto de llegar a 6.000 millones de euros.

En este contexto, los representantes de los abogados consideran "fundamental" que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencia transferidas, y la Abogacía y la Procura preparen, para cuando la huelga finalice, un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia y un sistema escalonado de notificaciones.

La semana pasada, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se reunió con abogados y procuradores para abordar las consecuencias de la huelga y descartó declarar hábil agosto. Medida que apoya la Abogacía, pues en su comunicado considera "absolutamente ineficaz e inútil" habilitar este mes.

Llop reclama a los letrados que sean "realistas" y hagan nuevas propuestas. Aceptar su principal petición, la de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales, alega, supondría un aumento mensual de "más de mil euros" por funcionario en su salario de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año.

El seguimiento del paro este martes ha sido del 20,68 % según Justicia y del 76 % según los huelguistas. EFE

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