Los tres recientes choques que ha tenido el Gobierno en funciones con la Junta Electoral Central (JEC) han dibujado la fina línea en la que deben moverse administraciones y partidos para evitar el "electoralismo", una polémica que afecta también a decretos-leyes como el de las entregas a cuenta a las comunidades.

La Diputación Permanente del Congreso será mañana el escenario de este debate, ya que uno de los puntos del orden del día es la convalidación o derogación de dicho decreto-ley.

Los grupos parlamentarios del PP, Cs y Unidas Podemos reconocen sus dudas sobre la medida y denuncian un claro "electoralismo" por parte del Gobierno. Pese a ello, votarán a favor, básicamente, indican a Efe fuentes de las direcciones de estos grupos, porque es un dinero crucial para la tesorería de las autonomías.

Son alrededor de 4.700 millones de euros los que Hacienda adeuda a las comunidades porque les entregó unas cuantías previstas por recaudación que al final se han quedado pequeñas; al ser la recaudación mayor de lo esperado, las haciendas autonómicas reclaman la diferencia.

Antes de que se disolvieran las Cortes por la falta de acuerdo para la investidura, el Gobierno explicó que un informe de la Abogacía del Estado desaconsejaba el pago por estar en funciones.

Disueltas las Cortes, el presidente, Pedro Sánchez, anunció en Valencia que se pagarían los anticipos a cuenta; el pasado 11 de octubre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desgranó el decreto-ley que autoriza el pago gracias al visto bueno de la Abogacía del Estado a través de un nuevo informe.

Por aquellos días, Sánchez, como candidato socialista, estaba sumido en una intensa ronda de actos de su partido y avanzó que en diciembre se actualizarán las pensiones según el IPC real. Añadió su deseo de que la medida la adoptara un Gobierno con plenas capacidades, es decir, tras la investidura.

Pero si para entonces no lo hubiera, queda la opción del decreto-ley previo informe de la Abogacía del Estado, es decir, lo mismo que se acaba de hacer para dar a las comunidades lo que les corresponde por las entregas a cuenta.

La oposición a Sánchez criticó lo que consideraba un nuevo anuncio electoralista.

La delgada línea del "electoralismo" en periodos electorales la perfila la Junta Electoral Central cada vez que se acercan las urnas, en aplicación del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG.

En el actual proceso electoral ya ha actuado en varias ocasiones; en tres de ellas para decirle al Gobierno en funciones dónde están los límites.

La ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, recibió una advertencia de la autoridad electoral el 2 de octubre; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, otra la semana pasada.

La tercera vez fue a colación del vídeo que la Secretaría de Estado de Comunicación produjo como parte de una campaña en defensa de la calidad de la democracia española, llamada "España, la casa de todos".

Tres "toques" al Gobierno en funciones que desembocaron el jueves pasado en un acuerdo con el que aperciben a "todos" los ministros, a los que les piden que "se abstengan de emitir manifestaciones que vulneren el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral en aplicación del artículo 50.2 de la LOREG".

Además, la Junta, en otro acuerdo, decidió suspender temporalmente la emisión del citado vídeo, igualmente por vulneración del 50.2.

Por tanto, este es el artículo que marca la frontera tras la que reside el electoralismo, ya que establece la prohibición de "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos", o bien "imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas" que concurren a las elecciones.