A un mes de que expire el plazo que el Gobierno trasladó a Bruselas para la aprobación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, UGT ha pedido al PSOE que permita limitar los precios de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, como exige Unidas Podemos.

Los socialistas siguen resistiéndose a incluir la limitación de precios en el borrador de la ley, lo que supone ya el único punto de discrepancia entre los socios de gobierno después de cuatro meses de negociación.

"Hay alguna discrepancia en torno exclusivamente a lo que es el único aspecto que nos queda, que es definir si hay imposición o límite para establecer cuantía en los arrendamientos, esa es la única cuestión", confirmaba esta semana en TVE el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

En ese contexto, UGT no solo respalda las propuestas de Unidas Podemos, sino que, en un comunicado, urge a adecuar los precios del alquiler a los ingresos medios de los hogares, fijando un umbral máximo del 25 % o 30 % en las zonas tensionadas.

Ya en febrero, cuando los socios de gobierno vivieron uno de sus mayores momentos de tensión, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió la necesidad de limitar el precio máximo de los alquileres al 25 % o 30 % de los ingresos medios de los hogares en determinadas zonas.

En contra de lo que propugna el PSOE, UGT rechaza la política basada en deducciones y desgravaciones para el alquiler y defiende gravar fiscalmente las viviendas vacías.

También pide al Gobierno que, a través de la nueva ley de vivienda, regule el mercado de las viviendas turísticas, aumente el gasto público en vivienda hasta el 1,5 % del PIB, estableciendo objetivos cuantitativos consensuados con los agentes sociales, y aborde una estrategia de rehabilitación del actual parque público con ayuda de los fondos europeos.

El sindicato reclama que el derecho a la vivienda se reconozca como derecho subjetivo y advierte de que los ingresos de muchos hogares se han visto mermados por la crisis de la covid y más de 600.000 hogares no tienen ningún tipo de ingreso, lo que ha intensificado el problema.

Aunque reconoce que el "escudo social" ha aumentado, señala que durante el último año se llevaron a cabo 29.406 desahucios, tres cuartas partes de ellos por impago del alquiler, y asegura que "en la mayoría de ellos no se ofrece una alternativa habitacional, dado el exiguo parque público de viviendas existente".

El ministro Ábalos, que se ha marcado como objetivo llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible, insiste entretanto en que lo que le preocupa es presentar una "ley solvente, fuerte desde el punto de vista jurídico y blindada respecto de cualquier recurso que la oposición nos pueda plantear".