Tope al alquiler al 2%: “A quienes se quería proteger están siendo los más perjudicados”

La regulación del alquiler sigue siendo el principal foco de discrepancia entre el PSOE y sus socios parlamentarios en la negociación del proyecto de la Ley de Vivienda, que ya lleva más de un año atascada en el Congreso. Por el momento, la única medida que el Ejecutivo ha podido poner en marcha ha sido el tope del precio del alquiler al 2%, para así intentar aliviar la subida de los arrendamientos vinculados al IPC. Un año después esta iniciativa ha provocado efectos contraproducentes: los alquileres son un 10% más caros, la oferta disponible se ha reducido un 26% y los caseros son cada vez más exigentes con los inquilinos.

Los constantes cambios en la normativa y las dificultades de los propietarios para recuperar la vivienda en caso de impago ha hecho que la oferta de alquiler se haya reducido de media un 26% en 2022. En COPE hemos hablado con José García Montalvo, experto en vivienda y catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, quien ha explicado que "la inseguridad juridica, la suibida de la rentabilidad de los activos alternativos y hay muchos sitios en los que el mercado regular del alquiler se ha trasladado al mercado vacacional. Todo esto ha reducido considerablemente la oferta".

“Al intentar controlar los precios lo que se consigue es todo lo contrario. Los propietarios sienten la inseguridad jurídica que esto produce y entonces retiran el piso del mercado del alquiler. Al bajar la oferta, de rebote se produce una subida de los precios”, explica María Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL). El precio del alquiler es un 10.2% más caro que hace un año, aunque hay algunas provincias como las Islas Baleares (26%), Málaga (22,8%) y Alicante (20,3%) donde esa subida se duplica.

A la reducción de la oferta y la subida de los precios se suma que las dificultades de los inquilinos para acceder a una vivienda se ha multiplicado y se les exige, además de pasar “castings”, el pago de seguros de impago o de vivienda, asumir el IBI del inmueble. "Al reducirse la oferta, el propietario se pone muy exigente porque al haber lista de espera tiene mucha capacidad de decisión. Por ejemplo, elegir a aquel que vaya a destinar un porcentaje menor de su renta en pagar el alquiler, es decir, alguien que tenga muchos recursos. Así se acaba expulsando del mercado a los más vulnerables, que son a los que en teoría se quiere proteger”, explica el experto en vivienda.

Desde ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, han ofrecido al Gobierno ceder 25 mil viviendas al Estado durante 25 años a un precio un 20% por debajo del mercado, “con el fin de que los más vulnerables tuviesen un alquiler más accesible”, cuenta la directora general de ASVAL. Por su parte, los expertos en vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública en alquiler, proponen mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.